El oficialismo enfrenta serias dificultades para garantizar el inicio de la sesión programada para esta jornada en la Cámara Alta. La iniciativa parlamentaria, promovida por La Libertad Avanza, tiene como eje central un controvertido proyecto de ley sobre propiedad privada que busca desregular la adquisición de tierras en manos de ciudadanos e inversores extranjeros. Sin embargo, la reticencia de legisladores de bloques dialoguistas pone en jaque la masa crítica de bancas necesaria para habilitar la discusión.
Entre las ausencias y rechazos que hacen tambalear la sesión se encuentran al menos tres integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR), un representante del interbloque Provincias Unidas y dos senadores de Santa Cruz, quienes manifestaron marcadas discrepancias con las reformas propuestas bajo la premisa de la "inviolabilidad" de la propiedad.
Los puntos más controvertidos del proyecto de tierras
La reforma legislativa propone un cambio de paradigma en el acceso al suelo rural por parte de capitales internacionales:
·Eliminación de topes: Se suprimen los límites vigentes para la compra de terrenos por parte de extranjeros, delegando en las administraciones provinciales la potestad de convalidar estas operaciones.
·Restricciones a Estados extranjeros: Queda vedada la adquisición de tierras a gobiernos de otros países o a firmas con participación estatal extranjera, a menos que cuenten con el visto bueno explícito de la provincia afectada y de la administración nacional.
·Límites y soberanía provincial: Se ratifica la jurisdicción de las provincias sobre sus territorios en línea con los preceptos de la Constitución Nacional. Para áreas de frontera, se requerirá de forma obligatoria la doble autorización (Nación y Provincia).
·Silencio administrativo: Se introduce una polémica cláusula de aprobación automática; si transcurren 180 días sin objeciones por parte de los estados provincial o nacional, el comprador extranjero pasará a ser propietario de pleno derecho.
Nombramientos judiciales en la balanza
Además de la reforma de tierras, el oficialismo busca dar luz verde a un paquete de 36 pliegos de designaciones y prórrogas en el Poder Judicial.
En la nómina sobresale el pedido para extender por cinco años las funciones del camarista Víctor Pesino, quien requiere la aprobación del cuerpo legislativo antes del 27 de julio, fecha en la que alcanzará el límite constitucional de 75 años.
Asimismo, se encuentra bajo consideración la postulación de Juan Rodríguez Ponte (exsecretario del juez federal Ariel Lijo) para ocupar el juzgado vacante en Lomas de Zamora. De ser aprobado, este magistrado quedará al frente de la sensible causa que investiga al exintendente de ese partido bonaerense, Martín Insaurralde, y a la modelo Jésica Cirio.
