La discusión en torno al proyecto oficialista para eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) abrió un complejo escenario de negociaciones en el Congreso de la Nación. Dentro del bloque de aliados habituales de la Casa Rosada, fundamentalmente en el PRO, prima una marcada cautela. Los legisladores temen quedar relegados en el armado de listas de cara a los próximos comicios si ceden ante la presión del Poder Ejecutivo sin obtener acuerdos institucionales firmes y previos.
La desconfianza del espacio amarillo se apoya en antecedentes parlamentarios recientes. Sectores del macrismo recuerdan con malestar haber quedado marginados en el reparto de lugares clave, como las sillas de la Auditoría General de la Nación (AGN) o la conducción de la Comisión Bicameral de Inteligencia, áreas donde los libertarios tejieron acuerdos alternativos. Ante este panorama, emisarios parlamentarios advierten que no están dispuestos a avanzar a ciegas sin "garantías ejecutables".
El debate por las listas colectoras y el peso de los gobernadores
El núcleo de la propuesta que empujan el presidente Javier Milei y la conducción de La Libertad Avanza contempla la incorporación del sistema de "colectoras" en la elección general. Esta alternativa genera fuertes dudas técnicas y políticas entre los bloques aliados:
·Riesgo de centralización: Bajo el esquema analizado, el sistema podría limitar la cantidad de listas secundarias colgadas de la fórmula presidencial principal, lo que desataría una interna feroz entre las fuerzas aliadas para disputar esos casilleros, en caso de que el oficialismo opte por blindar su propia nómina.
·Vulnerabilidad distrital: En distritos de peso electoral como la provincia de Buenos Aires, los armadores provinciales temen quedar desprotegidos. De no asegurarse la opción de la colectora, se verían forzados a traccionar una boleta sin candidatos competitivos en las categorías del Ejecutivo, lo que licuaría su caudal de votos.
En los pasillos del Senado se analiza que la llave para destrabar la reforma política dependerá de las compensaciones y acuerdos que la Casa Rosada logre sellar de manera directa con los gobernadores que tienen terminales legislativas pero carecen de proyección presidencial propia. En ese lote de mandatarios clave se anotan los radicales Alfredo Cornejo, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Juan Pablo Valdés y Maximiliano Pullaro, junto con los referentes del PRO Rogelio Frigerio e Ignacio Torres.
Posiciones cruzadas en el tablero federal
El poroteo en la Cámara Alta se mantiene sumamente ajustado frente a la necesidad de reunir la mayoría absoluta de 37 voluntades. Mientras la bancada peronista —con 25 voluntades— mantiene un rechazo cerrado al advertir que la combinación de boleta única con sistemas colectores generará confusión en el electorado, el oficialismo busca pescar apoyos en el peronismo dialoguista y los partidos provinciales.
En el bloque de gobernadores del Norte Grande, las posturas exhiben matices condicionados por las realidades de sus propios distritos. Por caso, el catamarqueño Raúl Jalil se muestra predispuesto a acompañar la derogación de las primarias debido a un escenario local más controlado, mientras que el tucumano Osvaldo Jaldo mira la reforma con recelo por las tensiones internas en su provincia.
Por su parte, el Ejecutivo nacional busca aceitar canales de diálogo específicos con otros jefes provinciales ofreciendo replegar candidaturas propias de La Libertad Avanza para no entorpecer los proyectos locales; una estrategia que se evalúa para sintonizar intereses tanto con el salteño Gustavo Sáenz como con el neuquino Rolando Figueroa en sus respectivos territorios.
