El jefe de Gabinete entregará su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción el 15 de junio, cuatro días después del debut de la Copa del Mundo. El funcionario busca neutralizar el impacto de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, estableció un plazo definitivo para cumplir con el requerimiento de la Oficina Anticorrupción, en el marco de la investigación judicial que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito. El funcionario coordinó el calendario institucional para realizar la presentación de su declaración jurada el próximo 15 de junio, una fecha que coincide de manera directa con los primeros días de competencia de la Copa del Mundo 2026.

La fecha del trámite generó diversas lecturas en el ámbito político. En los despachos de la Casa Rosada no ocultan la expectativa de que el inicio del torneo ecuménico, pautado para el 11 de junio, absorba la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación, logrando desplazar del centro de la escena una controversia judicial que ya arrastra casi tres meses de alta exposición mediática.

De acuerdo con los datos que se desprenden del expediente que tramita en el fuero de la justicia federal, los peritos estiman que el ministro coordinador presenta un desfasaje patrimonial no justificado superior a los 840.000 dólares. Ante esta situación, desde la Jefatura de Gabinete se trazó una hoja de ruta precisa: formalizar el descargo contable exactamente cuatro días después del pitazo inicial del Mundial, apostando a que el ruido deportivo relegue el tratamiento de su situación financiera particular.

Tensiones en el bloque libertario y la postura oficial

La definición de este cronograma estuvo precedida por fuertes discusiones internas dentro del propio espacio oficialista. Quien expuso de manera pública la incomodidad del espacio fue la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al exigirle de forma abierta al jefe de Gabinete que ofreciera explicaciones claras y urgentes sobre los bienes bajo sospecha.

A pesar de que el emplazamiento provino desde las filas de la propia bancada oficialista en el Senado, en el entorno directo del exvocero presidencial se mantuvieron firmes en la postura de no modificar los tiempos previstos, ratificando el 15 de junio como la fecha inamovible para la entrega de los papeles. El propio presidente Javier Milei se había sumado previamente a los pedidos de aclaración interna, un movimiento infrecuente para el manejo político de la fuerza libertaria.

El plan de normalización institucional rumbo a agosto

En paralelo al trabajo que desarrolla junto a sus asesores contables para justificar los activos bajo la lupa, Adorni ya diseña la ingeniería de su próximo paso político. El funcionario, ratificado en la coordinación ministerial por Javier y Karina Milei tras su salida de la vocería, tiene en agenda la presentación de su segundo informe de gestión ante la Cámara de Senadores, previsto para el mes de agosto.

La elección de agosto responde a la misma lógica de contención de daños: para ese mes, el certamen futbolístico global transitará sus fases de definición y las miradas principales continuarán alejadas de los tribunales federales y de los organismos de control.

Esta presentación buscará replicar la fisonomía del trámite institucional que Adorni encabezó a fines de abril ante la Cámara de Diputados. Según fuentes del Palacio Legislativo, la estrategia del oficialismo contempla volver a movilizar a la totalidad de los ministros del Gabinete y contar con el acompañamiento en el recinto del propio Presidente de la Nación. Aquella modalidad implementada en la Cámara Baja había recibido duras críticas de la oposición, que interpretó la masiva comitiva gubernamental como un operativo de blindaje político explícito para respaldar al funcionario investigado.

De esta manera, el binomio de presentaciones parlamentarias (Diputados en abril y Senado en agosto), combinado con el descargo en la Oficina Anticorrupción a mediados de junio, configuran el plan oficial para intentar recomponer el perfil institucional del jefe de Gabinete tras el desgaste de su frente judicial.