Un pormenorizado relevamiento elaborado por la ONG Argentinos por la Educación —con la autoría de Andrea Goldin (Conicet-Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada— encendió las alarmas sobre el acceso informático en la infancia y la falta de criterios unificados en el país.
El informe, basado en las pruebas Aprender, revela que el 59% de los alumnos argentinos que cursan el tercer grado de la primaria (aproximadamente 8 años de edad) ya dispone de un teléfono móvil propio. Si se suma a quienes utilizan los equipos de sus padres, el nivel de acceso trepa al 82% a nivel nacional, alcanzando un 90% en el nivel secundario.
La investigación expone marcadas asimetrías geográficas y socioeconómicas. Mientras que en distritos como Santa Cruz, Tierra del Fuego y Catamarca más del 65% de los niños de tercer grado tiene un dispositivo personal, en provincias como Misiones y Formosa el índice desciende al 40%. Asimismo, la brecha de ingresos muestra que el 63% de los estudiantes de los sectores más vulnerables posee celular propio, frente al 52% detectado en las familias de menores recursos.
Ante esta realidad, la preocupación por la dispersión cognitiva y el bienestar de los menores aceleró la intervención estatal. Sin embargo, la tendencia local se da en un marco de fragmentación regulatoria: en Argentina no existe una legislación federal y solo 11 jurisdicciones (el 45% del territorio) dictaron normativas o protocolos específicos, dejando al 55% restante sin lineamientos institucionales.
El impacto en el aula y las discrepancias pedagógicas
El documento analiza la copiosa evidencia internacional acumulada, concluyendo que las restricciones son altamente eficaces para disminuir de forma drástica las distracciones y el tiempo de pantalla durante la jornada escolar. No obstante, el impacto de estas prohibiciones en el rendimiento académico real y las calificaciones sigue siendo difuso y divide a los especialistas, registrándose mejoras solo moderadas en grupos específicos de alumnos con bajo rendimiento previo.
Los esquemas de aplicación en el país varían según la jurisdicción:
Restricción total en la base: La Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa implementaron severas limitaciones enfocadas en los niveles inicial y primario.
Foco en el nivel medio: La provincia de Buenos Aires optó por restringir la utilización de los dispositivos únicamente en las escuelas secundarias.
Criterio didáctico: Mendoza autoriza el ingreso de los teléfonos al aula de manera exclusiva cuando forman parte de una planificación pedagógica supervisada por el docente.
Autonomía institucional: Salta y Tucumán delegaron la facultad de adaptación a las particularidades y contextos de cada establecimiento educativo.
Este escenario local acompaña una tendencia global irreversible. Según indicadores de la UNESCO, el volumen de países que legislaron algún tipo de veto o regulación sobre la telefonía móvil en las escuelas creció de manera exponencial, pasando de menos del 25% en 2023 a rozar el 60% de las naciones en la actualidad, con modelos que van desde la prohibición absoluta de Francia y Chile hasta el uso supervisado en Brasil y Dinamarca.
