La disputa judicial por el financiamiento de las prestaciones de salud sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Córdoba. El Gobierno nacional apeló formalmente la medida cautelar dictada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, la cual le exige regularizar en un plazo perentorio de 72 horas los saldos adeudados a los prestadores de servicios para personas con discapacidad de la obra social PAMI y del programa Incluir Salud. Sin embargo, la presentación oficial no frenará la ejecución del fallo: el magistrado concedió el recurso con efecto devolutivo, lo que significa que la intimación económica continuará activa y plenamente vigente hasta tanto se expida la Cámara Federal de Apelaciones.
La resolución del juez Vaca Narvaja es el resultado de un recurso de amparo colectivo que fue articulado por la abogada Marta Lastra en representación de la organización Defendamos Córdoba. A la demanda se sumaron reconocidas instituciones terapéuticas y de asistencia de la provincia, tales como el Pequeño Cottolengo Don Orione y la asociación Apadim, entre otros centros especializados de la región. El dictamen judicial establece que el Estado nacional debe cancelar los pasivos de manera inmediata y fija un periodo de validez de seis meses para la cautelar, o bien hasta que se dicte una sentencia de fondo que resuelva el litigio de manera definitiva.
Mora estatal y peligro en la continuidad de los tratamientos
El espíritu de la medida judicial apunta de forma directa a salvaguardar la regularidad de los medicamentos, terapias y asistencias esenciales que reciben los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los beneficiarios de pensiones no contributivas. Los denunciantes habían alertado sobre el peligro inminente de una parálisis o corte total en la cadena de servicios debido al ahogo financiero que sufren las entidades de atención.
Al momento de fundamentar su decisión, el juez federal determinó con claridad el escenario de incumplimiento por parte de la administración central:
·Sostuvo de manera taxativa que el Estado nacional se encuentra actualmente "en mora" respecto al cumplimiento de los compromisos legales asumidos con el sector.
·Denunció la existencia de "demoras crónicas" y sistemáticas en la liquidación de los haberes correspondientes a las instituciones y profesionales de la salud.
·Advirtió sobre el "riesgo inminente" e irreversible al que quedan expuestas las personas con discapacidad en caso de sufrir una interrupción en sus esquemas de cuidado diario.
El fallo emitido en los tribunales cordobeses se produce, además, en un contexto de fuerte sensibilidad y debate en torno a las políticas de asistencia social.
Coincide temporalmente con el impacto de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, mediante la cual el Poder Ejecutivo suprimió las compensaciones y subsidios que recibían las empresas de transporte de larga distancia por otorgar pasajes gratuitos a menores bajo tratamiento oncológico, pacientes trasplantados y personas con discapacidad, sumando un nuevo foco de tensión en el área.
