La quita de recursos financieros por parte del Ejecutivo central hacia la Administración de Parques Nacionales (APN) generó repercusiones en el ámbito legislativo de Neuquén. El legislador provincial César Gass elevó una propuesta de declaración con el fin de manifestar una profunda inquietud institucional frente a este ajuste y exigir la inmediata restitución de los fondos asignados al organismo regulador ambiental.

Un fuerte impacto en la infraestructura de conservación local

El planteo legislativo pone el foco en el daño directo que la quita de $3.879 millones ocasiona en la operatividad diaria de un total de 37 reservas, monumentos naturales y áreas protegidas distribuidas por todo el territorio nacional. En el plano provincial, los principales afectados por este desfinanciamiento de partidas básicas son los parques nacionales Laguna Blanca, Lanín, Arrayanes y Nahuel Huapi.

Gass argumentó que la disminución de la caja presupuestaria pone en serio riesgo actividades de carácter crítico y permanente. Entre ellas, mencionó los esquemas de prevención y combate de focos ígneos, el relevamiento científico de la biodiversidad, las tareas de preservación del ecosistema y la infraestructura de recepción al turismo, labores que dependen del trabajo diario del cuerpo de guardaparques y los equipos de brigadistas.

Preservación ecológica y el motor turístico de la provincia

La iniciativa parlamentaria subraya una contradicción en la medida económica, evidenciando que el recorte representa una fracción marginal e insignificante dentro del presupuesto global de la Nación, pero que su aplicación causa un menoscabo estructural irreversible en dependencias encargadas de custodiar el patrimonio natural del país.

Por último, el diputado neuquino vinculó la estabilidad ambiental con el desarrollo productivo local, recordando que la actividad turística se erige como uno de los pilares económicos fundamentales de la provincia de Neuquén y que su subsistencia está atada de manera directa a la calidad y protección de sus paisajes. En este sentido, instó a blindar las políticas públicas de conservación frente a un panorama global condicionado por el cambio climático y el peligro latente de incendios forestales.