Una presentación ante los tribunales federales busca frenar un proyecto del Ministerio de Capital Humano destinado a concentrar masivamente registros ciudadanos. La acción legal, impulsada por la dirigente Mila Zurbriggen, advierte sobre potenciales riesgos para la confidencialidad y el tratamiento de información sensible bajo un modelo tecnológico de predicción social.
El origen de la controversia: el "Estado predictivo"
La denuncia penal apunta de manera directa contra el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello tras la difusión oficial, realizada el pasado 22 de mayo a través de canales institucionales, de una iniciativa denominada “Gemelo Digital Social”. Este programa fue presentado por el Poder Ejecutivo como una plataforma de vanguardia que utiliza Inteligencia Artificial para entrecruzar bases de datos públicas y privadas con el fin de anticipar escenarios socioeconómicos y modelar el impacto de futuras medidas de gobierno.
Sin embargo, la presentación judicial sostiene que la puesta en marcha de este sistema podría configurar una infracción a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, además de encuadrar en las figuras previstas por el artículo 157 del Código Penal. El argumento principal radica en que la centralización de registros vinculados a la niñez, la educación, el empleo y los planes asistenciales se realizaría de forma masiva:
·Sin el consentimiento expreso e informado de los ciudadanos.
·Sin el respaldo de un marco normativo específico dictado por el Congreso.
·Sin la participación de auditorías externas e independientes que garanticen la seguridad informática.
Alerta por la participación de corporaciones extranjeras
El escrito judicial enciende las alarmas sobre la eventual intervención de corporaciones tecnológicas internacionales especializadas en analítica de datos a gran escala y sistemas de monitoreo, mencionando específicamente a firmas globales como Palantir Technologies, conocida por proveer software de vigilancia y análisis predictivo a agencias gubernamentales en el exterior.
Ante el riesgo de filtraciones o transferencias indebidas de bases de datos soberanas, Zurbriggen solicitó a los magistrados el dictado de una medida cautelar urgente que ordene la suspensión inmediata de cualquier proceso de unificación o migración de archivos vinculados a este plan.
Asimismo, la denunciante requirió que se liberen oficios informativos a la Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Capital Humano, a la Agencia de Acceso a la Información Pública y a los órganos de control del Estado para resguardar la documentación técnica del proyecto y esclarecer los alcances reales del polémico sistema de simulación social.
