El plan de reestructuración de la planta estatal sumará un nuevo capítulo antes del inicio del segundo semestre. Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la conducción de Federico Sturzenegger, proyectan la salida de entre 4000 y 5000 agentes públicos a través de planes de retiro voluntario aplicados en diversas dependencias descentralizadas y empresas de bandera.
El impacto en las principales dependencias descentralizadas
Los programas de desvinculación consensuada, que comenzaron a implementarse de forma escalonada a partir de marzo, registran sus mayores niveles de adhesión en tres áreas clave de la administración. En la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), cerca de 1200 agentes públicos optaron por acogerse al régimen de salida, lo que equivale a un recorte aproximado del 10% de su nómina total.
Por su parte, en Vialidad Nacional las actas de acuerdo sumaron de forma reciente alrededor de 1000 firmas de trabajadores técnicos y operativos, mientras que en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se contabilizaron unas 400 bajas bajo esta misma modalidad.
El próximo paso de la estrategia oficial apuntará al PAMI, la obra social de los jubilados, que cuenta actualmente con una estructura de 12.184 operarios bajo convenio y donde ya se diseñan las bases para abrir la convocatoria a las salidas opcionales. El plan de achicamiento también alcanza a los planteles de Radio y Televisión Argentina (RTA) y la Casa de Moneda.
Mecánica financiera y proyecciones del programa
Desde las oficinas técnicas del Gobierno explicaron que el esquema resarcitorio contempla un pago equivalente al 90% de la remuneración bruta por cada período anual de servicios prestados.
Estrategia fiscal: Los equipos económicos defienden la viabilidad de la medida argumentando que la inversión inicial que demandan las indemnizaciones se amortiza en un plazo aproximado de doce meses gracias al ahorro directo en la masa salarial. Asimismo, destacan que este formato previene los litigios en el fuero laboral que suelen desencadenar las cesantías directas.
In paralelo, la cartera de Desregulación avanza en auditorías sobre los organigramas de otras firmas públicas para determinar si el volumen de sus planteles se condice con las tareas efectivamente realizadas.
El balance de la reducción de personal desde 2023
El plan de reducción de estructuras representa la continuidad del fuerte recorte de personal que la administración de Javier Milei viene ejecutando desde el recambio institucional. Según las estadísticas oficiales procesadas por el Indec, la dotación general del Estado nacional pasó de un consolidado de 343.357 empleados en noviembre de 2023 a 276.104 trabajadores en marzo de 2026. Esta diferencia significa una contracción neta del 19,5% en la estructura de recursos humanos del Estado, traduciéndose en la pérdida de 67.253 puestos de trabajo.
Al desglosar este indicador por órbitas estatales, la nómina correspondiente a la Administración Pública Nacional —que abarca a los organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados— experimentó una caída de 45.364 empleados, retrocediendo de 233.098 a 187.734 operarios.
En sintonía con este reordenamiento, el personal asignado a las firmas públicas y sociedades del Estado sufrió una baja de 21.889 puestos, contrayéndose de una plantilla inicial de 110.259 operarios en el inicio de la gestión hasta alcanzar los 88.370 agentes actuales.
