La investigación por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanza con foco en un mecanismo de recaudación ilegal. De acuerdo con el expediente judicial, se detectaron coincidencias exactas entre los pagos emitidos por el organismo y los registros privados de un lobista, quien está acusado de exigir una quinta parte del dinero a las empresas proveedoras a cambio de garantizar su participación en las licitaciones oficiales.
La coincidencia de cifras y el mensaje de las "ofrendas"
Las pruebas recopiladas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi exponen un circuito de retornos donde Miguel Ángel Calvete habría actuado como el nexo clave entre el organismo público y el sector privado. La fiscalía sostiene que el intermediario cobraba peajes de entre el 12% y el 20% sobre los montos adjudicados.
Un cruce de datos reveló similitudes temporales y numéricas determinantes:
·El caso Artrobone: El 30 de junio de 2025, Andis aprobó dos certificados de pago para esta ortopedia por un total de 33 millones de pesos ($17 millones y $16 millones). Poco después, la directiva de la firma envió a Calvete una planilla con esos mismos montos y un desglose de distribución que asignaba $6,6 millones a "Miguel", cifra que equivale de forma matemática al 20% del total cobrado.
·El listado de las "ofrendas": En julio de 2025, el entonces director de Acceso a los Servicios de Salud del área, Daniel Garbellini, le remitió a Calvete un cuadro con diez contratistas estatales bajo el título "Sus ofrendas de esta semana", detallando una suma global de $2021 millones. Ese mismo día, la Andis autorizó de forma interna 16 órdenes de pago dirigidas a esas exactas compañías por idéntica cifra.
Tres de las empresas incluidas en este esquema preferencial coinciden con un informe del Ministerio de Salud que denunció sobreprecios de hasta el 4239% en insumos de primera necesidad como prótesis, andadores y sillas de ruedas.
Maniobras de facturación y firmas sospechosas
La hipótesis judicial señala que la red delictiva utilizaba un sistema cerrado de compras denominado Siipfis, cuyas convocatorias y adjudicaciones se mantenían al margen del portal público Compr.Ar, evitando el control ciudadano.
Dentro de las anotaciones confiscadas a los sospechosos figuraba la frase "Miguel 20%" vinculada a transacciones por sillas de ruedas con la firma Expo Trauma S.A., empresa que recibió más de 400 millones de pesos en la jornada de las "ofrendas". Al intentar constatar la infraestructura de esta proveedora, las auditorías estatales descubrieron que el domicilio operativo declarado en la localidad de Haedo no existe.
Asimismo, la justicia detectó que Calvete utilizaba una firma propia llamada Indecomm para triangular los fondos ilegales bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas. Se identificaron facturaciones cruzadas con Ortopedia Bernat y Prolite Orthopedics por supuestas ventas de "camas ortopédicas reacondicionadas". Para el fiscal Picardi, estos comprobantes carecen de respaldo físico y técnico, funcionando simplemente como una pantalla formal para canalizar los sobornos.
Las posturas de las defensas y el pedido de indagatorias
El avance de la causa judicial derivó en el llamado a indagatoria de 49 personas, provocando diversas estrategias por parte de los involucrados:
·Diego Spagnuolo (exdirector de Andis): Su abogado, Mauricio D’Alessandro, rechazó las acusaciones afirmando que su cliente no tenía relación con los proveedores, no intervino en las plataformas de licitación ni delegó claves personales. Argumentó que no se puede aplicar una responsabilidad penal objetiva si los delitos fueron cometidos por subalternos.
·Miguel Ángel Calvete: Su defensa técnica optó por rechazar las preguntas del tribunal a la espera de que se resuelvan planteos de nulidad sobre los allanamientos y se concluya el peritaje oficial sobre los audios atribuidos a la cúpula del organismo.
·Empresas proveedoras: Desde Ortopedia Bernat negaron formar parte de una red de coimas y aseguraron que los precios cuestionados responden a los costos reales del mercado, aclarando que aún no percibieron esos fondos. Por su parte, los representantes de Prolite admitieron el vínculo comercial con Calvete, pero alegaron que lo contrataron bajo la figura de gestor para el seguimiento de expedientes y la presentación de documentos, desconociendo cualquier tipo de nexo irregular con las autoridades gubernamentales.
