Una presentación judicial impulsada por el sindicato de profesionales de Vialidad Nacional acusa a las autoridades del Ejecutivo de generar una "quiebra técnica" del organismo. Sostienen que unos 400.000 millones de pesos recaudados mediante el tributo a los combustibles se destinaron a la adquisición de títulos públicos en lugar de aplicarse a la reparación de la red vial federal.
Las claves de la presentación judicial y el impacto presupuestario
La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional radicó una denuncia penal que salpica directamente a las gestiones de Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Manuel Adorni. La acusación formal gira en torno a presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario de Estado, falsedad institucional y fraude administrativo.
De acuerdo con el documento, la administración central habría infringido la Ley 23.966. Dicha normativa dispone que el 28,58% de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) debe derivarse de forma exclusiva al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para sostener las rutas del país.
El texto judicial detalla que el Ejecutivo retuvo cerca de 400.000 millones de pesos para colocarlos en letras y bonos destinados a financiar las cuentas del Tesoro Nacional, provocando que la repartición vial arrastre una deuda equivalente a la totalidad de su presupuesto operativo.
El costo de la desinversión: Desde la perspectiva de la ingeniería civil, los técnicos advierten que el freno a las tareas de conservación preventiva (como bacheo, sellado de fisuras y mantenimiento de banquinas) multiplicará a corto plazo entre cuatro y diez veces el gasto en dólares necesario para reconstruir las calzadas cuando el pavimento colapse de forma definitiva.
Persecución laboral y supuesta alteración de datos técnicos
El gremio, liderado por Jorge Maturano, denuncia además la existencia de una estrategia de vaciamiento institucional que busca debilitar los controles estatales para favorecer la transferencia de los corredores públicos a operadores privados.
En este sentido, la presentación acusa a Sturzenegger de convalidar informes de gestión con datos "ideológicamente falsos" para justificar el achicamiento de la planta permanente. Según el sindicato, se llegó a registrar la incorporación de herramientas menores en el inventario para abultar artificialmente la relación de maquinaria por empleado y argumentar una supuesta baja productividad del personal.
Para silenciar las protestas y objeciones de los inspectores de campo frente al deterioro de las rutas, la denuncia señala a la Gerencia de Recursos Humanos —coordinada por Diego Riveira— por implementar un esquema de "terror laboral". Esta política incluiría:
·Traslados compulsivos de personal de carrera.
·Intimaciones de jubilación anticipada forzosa.
·Despidos directos sin la realización de los sumarios administrativos correspondientes ni el respeto al derecho de defensa.
Deterioro federal, peligro vial y respaldo civil
La parálisis financiera golpea de lleno al federalismo, dado que el flujo de recursos coparticipables que se interrumpió debió distribuirse en un 60% entre las vialidades provinciales, afectando gravemente los campamentos del interior y las rutas secundarias que conectan con las arterias troncales de la Nación. El abandono se traduce en deformaciones de calzada, baches profundos y falta de señalización, lo que eleva drásticamente el riesgo de siniestros viales graves en los principales corredores productivos del país.
Ante este panorama, organizaciones civiles manifestaron su respaldo a la acción penal. Ricardo Lasca, en representación del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), anticipó que realizarán un seguimiento estricto de la causa y evaluarán presentarse para aportar información que impida el desmantelamiento del organismo. En paralelo, la entidad impulsa en el Congreso de la Nación la creación de una comisión bicameral de seguimiento del impuesto a los combustibles que incorpore de manera directa la voz y participación de los usuarios viales.
