El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó una amplia batería de medidas de prueba para determinar si el Gobierno nacional benefició a empresas vinculadas a Betina Angeletti, esposa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación, radicada en el juzgado de Ariel Lijo, surge tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano por presunto direccionamiento de licitaciones y conflictos de interés.
El foco en la mensajería y la "simulación de competencia"
Bajo la lupa se encuentra una contratación de servicios de mensajería masiva (SMS y correos) por más de 3.650 millones de pesos adjudicada a la firma ATX S.A. en 2025. La Justicia sospecha de una posible "cartelización", ya que las tres empresas que compitieron en la licitación tendrían vínculos societarios entre sí y compartían el mismo domicilio legal en el barrio de Parque Patricios.
La fiscalía busca confirmar si existió una simulación de competencia para dar apariencia de legalidad a un proceso que, según la denuncia, podría haber incluido sobreprecios significativos en el costo por unidad de SMS.
La consultora +Be y los "clientes" contratistas
El corazón de la denuncia apunta a la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti. Se investiga si esta firma funcionó como un mecanismo de retorno de fondos públicos, dado que entre sus clientes figuran importantes contratistas estatales como:
Grupo Foggia: Vinculado a la explotación de Tecnópolis.
Grupo Datco: Proveedor de organismos clave como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas.
National Shipping S.A.: Una naviera contratista de YPF, empresa donde el propio Manuel Adorni fue designado director titular en representación del Estado en enero de 2026.
La concesión de Tecnópolis
Otro eje de la pesquisa es la concesión del predio de Tecnópolis por 25 años, un negocio estimado en 183,3 millones de pesos. El proceso es gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende directamente de la Jefatura de Gabinete. La denuncia sugiere una conexión directa entre el entorno familiar del funcionario y las empresas interesadas en dicha explotación.
Medidas solicitadas por Stornelli
Para avanzar en la imputación, el fiscal Stornelli solicitó al juez Lijo:
Expedientes administrativos: Copia de todos los contratos tecnológicos y de comunicación del Estado Nacional vinculados a las áreas críticas mencionadas.
Informes de la IGJ: Legajos de siete firmas tecnológicas para identificar a sus verdaderos accionistas y detectar posibles vínculos con funcionarios públicos.
Ruta de proveedores: Un informe detallado de la Oficina Nacional de Contrataciones sobre la recurrencia de firmas como Datco, National Shipping y Foggia Group como adjudicatarias estatales.
La causa, que incluye sospechas de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito, aguarda ahora la decisión del juez Lijo para materializar estas diligencias. Cabe recordar que Adorni ya enfrenta otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito en manos del fiscal Gerardo Pollicita.
