El diputado Daniel Arroyo lanza duras críticas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), vinculando presuntos hechos de corrupción con la negativa a implementar la Ley de Emergencia y a conceder incrementos mínimos a profesionales vitales para el sector.
El legislador nacional Daniel Arroyo se manifestó con "bronca y dolor profundo" contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), señalándola como la responsable directa de la crisis que afecta a las prestaciones del sector. El eje de su cuestionamiento es el brutal contraste entre los recientes escándalos por "dilapidación de fondos" dentro del organismo y su férrea negativa a aplicar medidas de alivio esenciales.
El desprecio por el mínimo aumento
En declaraciones radiales, Arroyo denunció la falta de humanidad en la gestión de ANDIS, ilustrándola con un ejemplo dramático: mientras se revelaban audios sobre un supuesto manejo turbio de fondos y "porcentajes" de dinero, los acompañantes terapéuticos luchaban por un incremento salarial irrisorio.
"El mismo día que salieron los primeros audios que hablaban de plata que va que viene, estaban reunidos en la agencia de discapacidad los acompañantes terapéuticos... estaban reclamando pasar de ganar $2.900 la hora a $3.100."
El diputado enfatizó que este aumento de tan solo $200 por hora es para un trabajo que, además, se cobra con un atraso de hasta seis meses, lo que subraya la precariedad de los prestadores.
Crisis generalizada: el sistema al límite
La inacción de ANDIS, según Arroyo, ha provocado un "colapso total" en el sistema de prestaciones. Las consecuencias son gravísimas para las familias y las personas con discapacidad:
·Acceso Bloqueado: Pacientes sin medicación, sin traslados y sin las terapias y acompañamientos vitales.
·Educación en Riesgo: Las escuelas especiales se encuentran al borde del cierre por falta de financiamiento.
·Ley de Emergencia Estancada: El organismo se niega a poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad, a pesar de haber sido aprobada por más del 70% de la Cámara de Diputados.
Arroyo desestimó la excusa de que la ley impactaría negativamente en las cuentas del Estado, asegurando que su costo es mínimo (estimado en solo el 0,0003% del Producto Bruto Interno) y que su freno es una simple "decisión" política del Gobierno de no ceder "ni un milímetro de su plan trazado."
Ataque judicial y falta de humanidad
El legislador elevó aún más el tono al referirse al intento del Gobierno de remover a un juez federal que ha fallado consistentemente a favor de los derechos de las personas con discapacidad.
Este magistrado había ordenado la restitución de miles de pensiones de baja irregular (estimando que unas 90.000 de 110.000 no recibieron notificación) y estaba próximo a declarar nulo el DNU gubernamental. El intento de "ir contra el juez y quitarlo de la causa" fue tildado por Arroyo como un acto de "crueldad imposible" y una falta de humanidad incomprensible.
Arroyo contrastó esta postura con la de otros gobiernos, incluso de extrema derecha, señalando que Argentina es el único país donde se cuestiona que la atención a las personas con discapacidad es una tarea indelegable del Estado.
Vía judicial como último recurso
Ante la parálisis administrativa y la postura gubernamental, el diputado concluyó que la única esperanza de las familias y prestadores sigue residiendo en el Poder Judicial.
La Justicia ha fallado hasta ahora a favor de las personas con discapacidad por una razón fundamental: "tienen razón" ante el evidente colapso. El legislador cerró su intervención lamentando que el mismo organismo donde se denuncia el desvío de fondos es la causa de una "desesperación y un nivel de dolor inmenso de la familia".
