El gobernador Claudio Vidal confirmó el retraso salarial en medio de una caída del 30% en las regalías petroleras y la merma de transferencias nacionales. La crisis se extiende a Río Gallegos, que declaró la emergencia económica hasta 2026.
La provincia de Santa Cruz atraviesa una de sus coyunturas fiscales más críticas, confirmada este fin de semana por el propio gobernador Claudio Vidal, quien anunció el desdoblamiento del pago de sueldos a los empleados estatales. La medida, que generó fuerte malestar entre los gremios, evidencia la grave crisis de liquidez que padece la provincia patagónica.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía provincial detalló el nuevo esquema de pagos:
·4 de noviembre: Salarios del personal estatal de rango inferior.
·10 de noviembre: Haberes de los cargos superiores.
El Ejecutivo reconoció que los fondos disponibles “no alcanzan para cubrir en tiempo y forma las obligaciones salariales”. Este deterioro fiscal se explica por la caída de las transferencias automáticas de Nación y una preocupante merma cercana al 30% en las regalías petroleras entre enero y septiembre de este año.
Contexto político y financiero apretado
La decisión de desdoblar el pago llega en un momento de tensión política para Vidal, cuyo oficialismo sufrió una dura derrota en las recientes elecciones legislativas nacionales, quedando relegado al tercer puesto.
Vidal defendió su gestión económica en declaraciones a la prensa, intentando trasladar la responsabilidad al contexto macroeconómico: “Pagamos salarios con recursos propios y aun así las paritarias fueron por encima de la inflación. ¿Que no alcanza? Sí, claro. Pero la macroeconomía no la puede corregir un gobierno provincial”.
Mientras la provincia busca oxígeno financiero, la interlocución de Vidal con la Casa Rosada es distante. Su principal vía de contacto es la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, aunque el vínculo se vio debilitado tras el revés electoral.
Río Gallegos declara la emergencia y recorta gastos
La crisis fiscal provincial impactó de lleno en la capital. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, decretó la emergencia administrativa y económica hasta diciembre de 2026.
Esta medida busca contener el gasto público mediante el congelamiento de la planta de personal, la suspensión de nuevos ingresos y la revisión de la estructura municipal. La decisión se fundamenta en la caída real del 10,4% de los ingresos nacionales y provinciales del municipio respecto a 2023, mientras que los acuerdos salariales crecieron un 29,4%.
El Concejo Deliberante acompañó la decisión y dispuso la baja de 38 nombramientos políticos. La presidenta del cuerpo, Soledad Kamu, aclaró que la medida no implica despidos de planta ni recortes salariales, sino la finalización de cargos de conducción que "entran y salen con la gestión". Pese a la aclaración, la fragilidad económica anticipa semanas de fuerte tensión en toda la provincia.
