La investigación encabezada por el fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello reveló la existencia de una compleja asociación ilícita dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Este esquema de cohecho y defraudación agravada permitió el desvío de más de $43.000 millones de las arcas públicas en poco más de un año, mediante la manipulación de compras de medicamentos e insumos de alto costo.
El juez Casanello avanzó sobre los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, considerados los operadores clave de la Andis. No obstante, las pesquisas señalan una cadena de responsabilidades que alcanza a estructuras empresariales y políticas, incluyendo la sombra de los hermanos Kovalivker, dueños de la firma Suizo Argentina, y las menciones a figuras cercanas a los Menem y a la cúpula de la Presidencia.
El Mecanismo: compra dirigida y precios inflados
La operatoria criminal se basó en la creación de un circuito paralelo de adquisiciones, conocido como "compulsas reducidas". En lugar de invitar a una competencia abierta, los funcionarios solo permitían participar a un grupo selecto y coordinado de cuatro droguerías: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
El método era siempre el mismo: dos de las empresas actuaban como adjudicatarias reales, mientras las otras dos simulaban competencia presentando cotizaciones no competitivas. Este arreglo de mercado, operando bajo un esquema de cartelización, garantizaba que Profarma y Génesis dominaran los medicamentos, y New Farma y Floresta se repartieran los insumos auditivos.
El análisis de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) confirmó la sobrefacturación extrema. Por ejemplo, el medicamento Macitentan fue adjudicado en casi $8,3 millones en las compulsas dirigidas, un precio que superaba en un 1900% su valor en licitaciones abiertas. Los precios inflados, que a menudo duplicaban o triplicaban los valores de mercado, generaron la millonaria defraudación.
Los tres niveles de la estructura criminal
La Fiscalía estableció una clara jerarquía de la banda:
1.Nivel de Ejecución Estatal: Integrado por Spagnuolo y Garbellini. Ellos se encargaban de autorizar el direccionamiento de las compras y recibían el dinero en efectivo como contraprestación por la "cobertura institucional".
2.Nivel de Operadores Externos: Conformado por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. A pesar de no tener cargos formales, daban órdenes dentro de la Andis, diseñaban la estrategia de fraude y gestionaban los retornos. Incluso colocaron personal interno para filtrar información y facilitar los pagos ilegales.
3.Nivel Empresarial Beneficiario: Lo componían los directivos de las cuatro droguerías favorecidas (Andrés Arnaudo de Génesis, Ruth Lozano de Profarma, Patricio Rama de New Farma, y Silvana Escudero junto a Alejandro Fuentes de Floresta), quienes coordinaban entre sí qué empresa ganaría cada licitación.
Blanqueo y vínculos políticos
El circuito de lavado de dinero también fue mapeado por la Fiscalía. Se encontraron evidencias de que los fondos fluían a través de Alan Pocovi, hijo del exmarido de Zulemita Menem, quien actuaba como recaudador invirtiendo el dinero en criptomonedas. Otra vía clave era Sergio Mastropietro, vinculado a la empresa Baires Fly, que recibía transferencias millonarias desde las droguerías con la excusa de la "compra de kilómetros para aeronaves", lo que señala el uso de la aviación privada como posible infraestructura para la red.
Los funcionarios acusados también dejaron rastros de los beneficios: Spagnuolo acumulaba US$82.000 no declarados y Garbellini realizaba obras en su vivienda que superaban largamente su salario. La complejidad del caso, que toca una "caja" histórica de corrupción estatal, seguirá escalando a medida que la jueza avance sobre las ramificaciones políticas y los presuntos responsables de la cúpula empresaria.
