Una nueva reestructuración del costo de la energía, impulsada por el Gobierno nacional a través de la Resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía, ha generado un esquema de distribución de costos que penaliza directamente a los hogares durante la temporada de mayor consumo. La medida implica un incremento en las facturas de electricidad para las familias, contrastando fuertemente con una reducción de precios para los sectores productivo y comercial.

A partir de noviembre y hasta abril, el precio por megavatio-hora (MWh) para los usuarios residenciales oscilará entre $56.054 y $58.281. En contraste, las industrias y comercios abonarán una tarifa más económica, que va de $47.310 a $51.633 por MWh.

Impacto en la factura y critíca a la equidad:

El aumento se materializará en las boletas del Área Metropolitana con alzas que rondarán entre el 3,5% y el 4% para los hogares. Por otro lado, los sectores industrial y comercial podrían ver una disminución de hasta el 10,3% en sus costos operativos. Esta marcada diferencia consolida una política que, según analistas, traslada de manera inequitativa la carga del sistema a la ciudadanía.

La justificación oficial se basa en una explicación técnica: las familias consumen energía de fuentes más estables (nuclear y renovable) de precio constante, mientras que el sector empresarial utiliza más generación térmica, cuyo combustible (gas) es más económico en verano. Sin embargo, la medida es vista como una forma de acelerar la quita de subsidios al segmento residencial, priorizando la estabilidad fiscal por sobre la protección del poder adquisitivo. Este reajuste se presenta, una vez más, como un costo directo para los contribuyentes bajo la apariencia de una actualización técnica.