La renuncia a la candidatura a diputado nacional de José Luis Espert —en medio de acusaciones de vínculos con el narcotráfico— desató una contienda legal sobre la sucesión en la lista de La Libertad Avanza (LLA). Este martes, la fiscal federal electoral, Laura Roteta, dictaminó que la segunda candidata, Karen Reichardt, debe ocupar el primer puesto, rechazando la petición del oficialismo de promover a Diego Santilli (tercero en la nómina).

El núcleo del dictamen fiscal es una defensa categórica del "espíritu" de la ley de paridad de género. Roteta argumentó que estas normas son herramientas afirmativas diseñadas para subsanar la desigualdad histórica. Por lo tanto, cualquier interpretación que termine excluyendo a una mujer de una posición de privilegio iría directamente en contra de su propósito.

Paridad vs. El "Corrimiento de Género"

La LLA había solicitado a la justicia que se aplicara el decreto 171/2019, cuya letra establece que, ante una vacante, el reemplazo debe ser "la persona del mismo género que le sigue en la lista".

Aplicando esta regla al pie de la letra, el hombre que seguía en orden, Santilli, debería asumir.

Sin embargo, la fiscal advirtió que aplicar de manera estricta el corrimiento por género resultaría en una "regresión" de los derechos que la ley busca promover. En un sólido análisis jurídico, Roteta citó al camarista electoral Alberto Dalla Vía y un antecedente de 2024, insistiendo en que las normas de paridad no pueden utilizarse para perjudicar la participación política de las mujeres.

El Poder del Precedente Crexell

El dictamen no es de cumplimiento obligatorio para el juez Ramos Padilla, pero tiene un fuerte respaldo en la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

El precedente más resonante es el caso Lucila Crexell, que llegó hasta la Corte Suprema. En aquella ocasión, la CNE había revertido una decisión que colocaba a un hombre (el suplente) en el primer puesto, desplazando a Crexell (la segunda titular), tras la muerte del cabeza de lista. En ese fallo, el máximo tribunal electoral advirtió que aplicar la norma de forma estricta, cuando contraviene la finalidad de "garantizar una mayor participación de las mujeres", constituye una "aplicación irrazonable de una norma en un caso concreto."
La decisión final sobre el orden de la lista quedará en manos de Ramos Padilla y, posteriormente, será revisada por la CNE.