A pesar de que el gobierno de Javier Milei cuenta con la ayuda financiera de Estados Unidos, abogados constitucionalistas y legisladores de la oposición están alzando la voz. Su principal preocupación es que el acuerdo podría ser inconstitucional si no se ajusta a ciertos requisitos legales. Según los expertos, el préstamo stand-by de 20.000 millones de dólares anunciado por el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y otras posibles transacciones, deben pasar por el Congreso argentino para ser válidos.

El bloque de parlamentarios argentinos del Mercosur de Unión por la Patria ya envió una nota formal a la Embajada de Estados Unidos, subrayando que cualquier acuerdo financiero debe tener la "previa autorización del Congreso Nacional". Esta posición fue respaldada por varios constitucionalistas, quienes citan el artículo 75 de la Constitución, que otorga al Poder Legislativo la facultad de "contraer empréstitos" y "arreglar el pago de la deuda".

¿Qué debería ser aprobado por el Congreso?

Los expertos señalan que el crédito stand-by anunciado por Bessent sin duda requiere la aprobación parlamentaria. Félix Lonigro y Armando Aquino Britos coinciden en que un préstamo de esta magnitud no puede ser validado sin el consentimiento del Congreso.

Incluso el swap de monedas de 20.000 millones de dólares, aunque es un mecanismo diferente, también debería ser aprobado si implica el pago de intereses. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez incluso recordó que el swap con China fue inconstitucional por no haber sido aprobado por el Parlamento.

En cuanto a la compra de bonos argentinos por parte del Tesoro estadounidense, los expertos aclaran que si se trata de bonos ya emitidos, no sería necesaria una aprobación. Sin embargo, si son bonos nuevos que se emitirán para esta transacción, el Congreso sí debería intervenir.

Riesgo de cláusulas secretas

Otro punto de alerta es la posible inclusión de cláusulas secretas en el acuerdo. Los constitucionalistas advierten que esto sería una violación de la Constitución. "Jamás un préstamo que comprometa al crédito y el Tesoro de la Nación podría tener cláusulas que no puedan ser conocidas por la sociedad", señaló Aquino Britos.

Si bien las negociaciones podrían tener detalles confidenciales, los expertos insisten en que el Congreso debe conocerlos. Incluso en "sesiones secretas", el poder legislativo debe estar al tanto. Según el constitucionalista, si el Congreso consiente cláusulas secretas, estaría otorgando una "facultad extraordinaria" al Presidente, lo cual está explícitamente prohibido por la Constitución.

La discusión sobre el acuerdo financiero coincide con el debate en el Congreso sobre una ley para regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que podría complicar la estrategia del gobierno de Milei de aprobar acuerdos por esta vía, como ya ocurrió con el Fondo Monetario Internacional.