El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de desregulación al eliminar 71 normativas que, según la Secretaría de Industria y Comercio, distorsionaban los precios y dificultaban las relaciones comerciales. Estas regulaciones formaban parte de un marco legal que, en muchos casos, ya no tenía vigencia práctica al estar ligado a programas como Precios Justos y la Ley de Abastecimiento.

A través de la Resolución 357/2025, se anularon resoluciones que tenían hasta 50 años de antigüedad. El Gobierno argumentó que estas normas no solo generaban costos administrativos para las empresas, sino que también permitían "controles de precios abusivos".

Entre las regulaciones derogadas se encontraban aquellas que obligaban a productores de insumos de construcción a maximizar su capacidad, solicitaban datos sin un fin claro a productores de algodón, o intervenían en la producción y distribución del gasoil.

La medida también dejó sin efecto normativas de programas extintos, como el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), Precios Cuidados y El Mercado en tu Barrio, entre otros.

Esta ola de desregulaciones se enmarca en un plan más amplio de la gestión actual, que ya ha eliminado más de 170 normativas para promover la transparencia y la libre competencia.