El Poder Ejecutivo nacional oficializó la venta de las acciones de cuatro represas en Neuquén y Río Negro: Alicurá, El Chocón–Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida, establecida por el Decreto 590/2025, busca corregir errores del marco legal anterior y dar mayor legitimidad al proceso de licitación pública.
Con esta normativa, se autoriza la transferencia de las acciones de las centrales hidroeléctricas desde Energía Argentina S.A. (ENARSA) a la Secretaría de Energía. Además, se habilita un concurso público nacional e internacional sin base para la venta del paquete accionario mayoritario. Las empresas concesionarias actuales podrán seguir operando hasta que se concrete la licitación, siempre que firmen un acuerdo de adhesión. En caso contrario, deberán garantizar el suministro por al menos 90 días hábiles.
Neuquén y Río Negro lograron acuerdo con el gobierno nacional
La nueva norma no solo establece el marco para la privatización, sino que también atiende reclamos históricos de las provincias. Luego de meses de negociaciones, los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, lograron un acuerdo que, según afirmaron, corrige falencias de más de 30 años. Ambos mandatarios celebraron el entendimiento como un "triunfo de la unidad norpatagónica" y destacaron que el agua es propiedad de sus provincias.
Los principales logros del acuerdo incluyen:
·Más y mejores regalías: Las provincias podrán cobrar regalías en energía eléctrica, para consumo o reventa.
·Valorización en dólares: La energía vendida a Cammesa se cotizará en dólares, lo que brinda mayor estabilidad financiera a las provincias.
·Canon por el uso del agua: Se establece un nuevo pago por el uso del recurso hídrico, algo que no existía hasta ahora.
·Más ingresos por la energía: Las regalías se calcularán sobre el total de los ingresos de las represas, incluyendo conceptos antes excluidos.
·Fondos para obras: Se creará un fondo para obras de protección definido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
·Obras de seguridad: Los nuevos concesionarios tendrán la obligación de realizar obras de seguridad hídrica en un plazo máximo de 24 meses.
El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tienen 60 días para convocar al concurso público, cuyos pliegos incluirán exigencias ambientales, de seguridad de presas y de protección poblacional.
