Una investigación judicial por la confección y comercialización de licencias de conducir apócrifas derivó este lunes en tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de Neuquén Capital. El operativo, que se inició a partir de una denuncia radicada por el propio municipio capitalino, finalizó con la demora de cuatro personas adultas —dos hombres y dos mujeres—, confirmándose que dos de ellas forman parte de la planta de empleados municipales.
La causa se encuentra bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con la intervención de la fiscal Paula González, y se originó formalmente a mediados de junio del año pasado. Tras las órdenes de irrupción en las viviendas, el personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén secuestró doce teléfonos celulares, una tablet, un router, documentación relevante, sellos aclaratorios y nueve carnets nacionales de conducir.
Los detalles de la maniobra investigada:
·Modus operandi: La presunta organización utilizaba perfiles en redes sociales y una línea telefónica de contacto para captar clientes, ofreciendo agilizar la entrega de los documentos a cambio de transferencias bancarias. Los valores exigidos por el trámite espurio oscilaban entre los $160.000 y los $300.000.
·Apariencia de legalidad: Según explicaron las autoridades policiales, las licencias no presentaban adulteraciones visibles a simple vista. Debido a la intervención de agentes con acceso a las estructuras comunales, los plásticos se emitían salteando los exámenes y requisitos obligatorios, lo que llevó a que muchos de los compradores creyeran de buena fe que realizaban un trámite legítimo.
·El origen de la causa: El expediente se abrió luego de que los sistemas de control oficiales detectaran una licencia de conducir cuya validación electrónica resultó imposible. A partir de esa inconsistencia, se inició un minucioso seguimiento que expuso la vinculación directa de los sospechosos con la administración pública local.
Los cuatro demorados fueron trasladados a la sede policial de Delitos Económicos para continuar con las diligencias de rigor en el marco de una causa penal caratulada inicialmente como presunta falsificación de documento público.
