El fiscal jefe Gastón Liotard pidió al Tribunal de Impugnación que revoque la resolución mediante la cual una jueza de garantías anuló el veredicto de culpabilidad dictado por un jurado popular contra J.C.F., acusado por abusar sexualmente de una niña y de provocarle lesiones internas que luego le ocasionaron la muerte.

Durante la audiencia realizada esta semana, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la decisión “quebrantó el sistema de juicio por jurados” y advirtió que constituye un caso de “gravedad institucional”.

De acuerdo con la acusación que llegó a juicio, el hecho investigado ocurrió en febrero de 2024, en una vivienda de la localidad de Las Coloradas, donde la víctima —una niña de 13 años— sufrió un abuso sexual que le provocó lesiones internas de extrema gravedad y posteriormente la muerte. La fiscalía sostuvo durante el juicio que el imputado convivía en el mismo entorno familiar y que fue el autor de la agresión.

El planteo de la fiscalía cuestiona la resolución emitida el 7 de mayo pasado por la jueza de garantías Laura Barbé, quien anuló el veredicto de culpabilidad dictado el 7 de noviembre de 2025 por un jurado popular, integrado en el juicio realizado por el delito de abuso sexual agravado seguido de muerte. Liotard explicó que tras el veredicto se convocó a la audiencia de cesura para definir la pena, pero la jueza intentó apartarse del caso: sostuvo que el conocimiento integral de la prueba afectaba su imparcialidad, aunque ese planteo fue rechazado por otros jueces. Finalmente, durante la audiencia de cesura, resolvió declarar la nulidad del veredicto mediante un control de constitucionalidad.

Durante la audiencia realizada el martes ante el tribunal de impugnación, Liotard sostuvo que Barbé revisó la valoración de la prueba realizada por el jurado popular, algo que —afirmó— le está vedado al juez técnico. “Se convirtió en la jurado número 13”, planteó el fiscal jefe, al cuestionar que la magistrada analizara testimonios, pericias y evidencia científica para concluir que no se había superado el estándar de duda razonable. También afirmó que desconoció el carácter soberano del veredicto popular y “afectó principios constitucionales vinculados al juez natural y al sistema republicano”. En ese contexto, pidió que la resolución sea anulada y que se realice una nueva audiencia de cesura ante otro magistrado.

La defensa, en cambio, solicitó que se mantenga la nulidad del veredicto. Los defensores sostuvieron que la jueza actuó dentro de sus facultades al ejercer un control de constitucionalidad y remarcaron que, a criterio de la defensa, el veredicto presentaba arbitrariedad e incongruencias.

El Tribunal de Impugnación, integrado por las juezas Estefanía Sauli y Florencia Martini y por el juez Richard Trincheri, comunicará su resolución en el plazo legal de 10 días hábiles.