El rol del Estado en la distribución de los recursos volvió al centro de la escena política local. A raíz de un cruce en redes sociales, donde el presidente Javier Milei calificó con dureza los postulados que defienden la suba de impuestos como herramienta de equidad, el debate sobre el impacto de la política económica cobró fuerza. En la discusión intervino incluso el empresario Marcos Galperin, quien relativizó el peso del patrimonio de las grandes fortunas frente al volumen del gasto público general. Sin embargo, más allá de las declaraciones mediáticas, un repaso por las reformas normativas implementadas por la actual administración evidencia una tendencia sostenida hacia la reducción del costo fiscal para los patrimonios más altos y los sectores corporativos.
1. Modificaciones estructurales en Bienes Personales
Uno de los pilares del paquete fiscal aprobado a mediados de 2024 fue la profunda reconfiguración del impuesto que grava la riqueza acumulada por las personas físicas. La reforma introdujo cambios sustanciales:
·Elevación del piso mínimo: El umbral patrimonial a partir del cual se comienza a tributar experimentó un salto exponencial, pasando de los 10 millones de pesos previos a los 100 millones de pesos para el ejercicio de ese año, una cifra que actualmente se actualiza en torno a los 384 millones de pesos.
·Reducción de alícuotas: Se dispuso un esquema de descenso gradual de las tasas máximas del tributo, con la meta de llevar el tope del 1,50% a un piso del 0,25% hacia el período fiscal 2027.
·Adelanto de contribuciones: Se estructuró un régimen especial (REIBP) que otorga estabilidad fiscal y beneficios extra a aquellos contribuyentes que decidan pagar por adelantado los períodos futuros del gravamen.
2. Sucesivos esquemas de regularización de activos
A través de las herramientas legislativas de 2024, el oficialismo puso en marcha un amplio blanqueo de capitales que eximió de penalidades fiscales y cargas tributarias a quienes declararan fondos o bienes ocultos por hasta 100.000 dólares. Para los montos superiores, se fijaron tasas sumamente competitivas que no superaron el 15%. Los adherentes a este sistema obtuvieron el perdón estatal sobre obligaciones de Ganancias, IVA e Inmobiliarios, entre otros. Esta política se complementó posteriormente con un mecanismo de "neoblanqueo" enfocado en permitir el ingreso al circuito financiero de capitales de origen poco claro sin afrontar sanciones.
3. Alivio fiscal para bienes de alta gama y consumo suntuario
Las reformas de la actual administración también alcanzaron a los impuestos internos que pesaban sobre el mercado automotor, náutico y aeronáutico. Mediante decretos específicos, se eliminaron los gravámenes para vehículos medianos y se redujo drásticamente (del 35% al 18%) la tasa para automóviles cuyo valor supera las escalas más altas del mercado. Los mismos beneficios se hicieron extensivos a motocicletas de alta cilindrada, embarcaciones deportivas, aeronaves de uso privado y la importación de vehículos eléctricos bajo un esquema de cupos anuales.
4. Quita del Impuesto PAIS y su impacto presupuestario
La derogación del Impuesto PAIS, un tributo que gravaba los gastos con tarjeta en el exterior y el acceso al mercado de cambios minorista, significó resignar una de las principales fuentes de financiamiento de la recaudación nacional (representaba más del 5% de los ingresos totales). Si bien la medida benefició de forma directa a los segmentos de la población con capacidad de consumo fuera del país o de ahorro en moneda extranjera, la vigencia del compromiso oficial con el "déficit cero" obligó a compensar esa pérdida de ingresos mediante recortes más severos en partidas presupuestarias de alcance general.
5. Reducción y senda de eliminación para las retenciones al agro
Los derechos de exportación, un reclamo histórico del sector agropecuario, ingresaron en un proceso de flexibilización. El cronograma oficial contempló primero la quita del 25% de las retenciones a las carnes y la eliminación total para las economías regionales. Posteriormente, el Ejecutivo convalidó rebajas temporales para los complejos cerealeros y de oleaginosas, anunciando un esquema escalonado y definitivo de reducción para los principales granos que prevé llevar a tasa cero el gravamen sobre la soja hacia fines de 2028, condicionado a la continuidad política del proyecto oficial.
6. Incentivos extraordinarios para grandes corporaciones (RIGI)
Finalmente, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) introdujo un marco de protección y exenciones profundas para corporaciones dispuestas a desembolsar capitales superiores a los 200 millones de dólares. El esquema garantiza una reducción considerable en el Impuesto a las Ganancias, facilidades para el giro de utilidades, la eliminación total de aranceles de importación de bienes de capital y el fin de los derechos de exportación en el mediano plazo. Las intenciones del oficialismo de profundizar este camino quedaron reflejadas en el reciente envío al Parlamento de un proyecto denominado "Súper RIGI", orientado a expandir aún más estas prerrogativas fiscales.
