El escenario lácteo en la Argentina continúa mostrando profundas asimetrías bajo la actual administración nacional. Mientras firmas como La Suipachense logran recuperarse de crisis severas, la mayoría del sector padece la caída del consumo interno, el stock remanente y la escalada de los costos de producción. En este complejo panorama, la situación de Lácteos Verónica llegó a un punto crítico. Propiedad de la familia Espiñeira, la empresa mantiene totalmente inactivas sus plantas industriales ubicadas en las localidades santafesinas de Clason, Lehmann y Suardi, dejando un tendal de deudas bancarias, cheques rechazados y un fuerte conflicto social con sus 700 operarios, quienes llevan cuatro meses sin percibir sus remuneraciones de manera integral.
La parálisis productiva generó una dura reacción del arco político regional. El intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, denunció públicamente que el cese de operaciones no fue un hecho fortuito, sino una maniobra planificada por los directivos desde hace al menos dos años con el fin de desvincularse de la actividad con el menor impacto patrimonial posible, afectando los ingresos de la comunidad. Según cálculos del mandatario, la inactividad de la planta local retiró del circuito económico de Suardi unos $220 millones mensuales. Gastaldi también reveló que los dueños rechazaron de manera sistemática propuestas de compra reales de firmas interesadas, como Bresialat, por lo que propuso avanzar hacia mecanismos de expropiación temporal bajo la modalidad de alquiler para reactivar las instalaciones.
Ofensiva judicial y sospechas de desvío de fondos
Ante la gravedad del conflicto, se consolidó una mesa de trabajo multisectorial para unificar las acciones legales contra la conducción de la empresa. El encuentro contó con la participación de los ministros santafesinos Roald Báscolo (Trabajo) y Carlos De Lorenzi (Lechería), los senadores provinciales Alcides Calvo y Felipe Michlig, intendentes de las zonas afectadas, productores damnificados y equipos de asesores jurídicos.
Como principal definición, los participantes acordaron unificar todas las denuncias penales en una única causa colectiva para dotar de mayor volumen al reclamo judicial. La estrategia apunta a auditar los movimientos financieros y las transferencias de capital de los últimos dos años, ante las sospechas y denuncias de un presunto vaciamiento de la compañía mediante el desvío de fondos hacia "Becerra", otra marca comercial vinculada al mismo grupo empresario. Asimismo, buscarán crear los antecedentes jurídicos necesarios para habilitar una futura expropiación estatal que devuelva la operatividad a los establecimientos.
Un pasivo de miles de millones y un tendal de damnificados
El frente financiero y laboral de Lácteos Verónica expone números alarmantes que comprometen seriamente su continuidad. En el plano laboral, además de la falta de pago de los salarios correspondientes a los últimos cuatro meses, el personal denunció la interrupción de los aportes jubilatorios y patronales, lo que provocó la pérdida de la cobertura de su obra social.
Por su parte, el eslabón primario de la cadena también se encuentra severamente afectado. Un colectivo de aproximadamente 150 tamberos de Santa Fe inició reclamos formales por remisiones de materia prima que fueron entregadas pero nunca liquidadas por la empresa. Fuentes del sector estiman que el pasivo acumulado exclusivamente con este grupo de proveedores de leche se ubica en torno a los 60 millones de dólares.
Finalmente, la radiografía de la deuda bancaria de Lácteos Verónica, reflejada en las bases de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), certifica el colapso financiero de la firma:
·La empresa registra un total de 3.887 cheques emitidos sin fondos, acumulando un rojo en esta categoría que supera los $14.000 millones.
·Mantiene deudas vencidas con diversas entidades financieras de crédito, entre las que se encuentran Credibel, Catalinas y Trend Capital.
·Sostiene importantes pasivos de cuenta corriente con los principales bancos del sistema financiero local, incluyendo al Banco Nación, BBVA, Macro, Santander y Galicia.
