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El gobierno de Javier Milei debió desembolsar la millonaria cifra para cancelar cuotas atrasadas, moras y recargos cambiarios indispensables para formalizar el retiro. El proceso deja al país en un "limbo institucional" ante las Naciones Unidas debido a vacíos legales en el estatuto del organismo.


La decisión del gobierno de Javier Milei de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS) —presentada de manera oficial como un acto de “soberanía sanitaria”— terminó generando un sorpresivo e inmediato costo financiero para las arcas públicas. Para poder avanzar con el proceso de retiro y destrabar el trámite administrativo, Argentina se vio obligada a cancelar deudas acumuladas, intereses por mora y recargos cambiarios por un total aproximado de 12 millones de dólares.

De acuerdo con datos obtenidos en los despachos de la OMS en Ginebra (Suiza), el Palacio San Martín debió saldar las cuotas correspondientes a los ejercicios de 2024 y 2025, sumando el pago proporcional devengado hasta el 17 de marzo de este año. La liquidación incluyó penalidades por retrasos y reajustes por diferencias de cotización calculadas de forma combinada entre dólares estadounidenses y francos suizos.

El movimiento diplomático se concretó en un contexto de fuerte alineamiento geopolítico, dado que Milei impulsó la salida pocas horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una medida de idéntica naturaleza para su país.

Un limbo jurídico y acusaciones cruzadas

A pesar del millonario desembolso, la efectividad legal de la salida de la Argentina se encuentra rodeada de incertidumbre técnica. A diferencia de Estados Unidos, que al ingresar al organismo en 1948 reservó explícitamente una cláusula de retiro voluntario, la constitución de la OMS no prevé un mecanismo de salida para el resto de los Estados miembros. Ante este vacío jurídico, la última Asamblea Mundial de la Salud optó por evitar una declaración formal y dejó la posición de la delegación argentina en una suerte de gris institucional.

Desde el Poder Ejecutivo ratificaron el rumbo de la medida. El ministro de Salud, Mario Lugones, apuntó contra la conducción del organismo internacional acusándolo de haber promovido durante la pandemia de Covid-19 "cuarentenas prolongadas" y políticas públicas "alejadas de la evidencia científica". No obstante, desde los sectores técnicos de la diplomacia recordaron que las restricciones de circulación e inmunización durante la emergencia epidemiológica fueron potestad exclusiva de cada Estado nacional y no disposiciones obligatorias dictadas por la entidad global.

Alarmas por la seguridad epidemiológica global

La fractura en la relación encendió las alarmas de las máximas autoridades sanitarias mundiales. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió públicamente que el distanciamiento argentino debilita la red de coordinación internacional ante eventuales crisis sanitarias y remarcó que "la seguridad requiere universalidad".

La advertencia de la OMS: “La retirada es una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo”, sentenció Tedros en conferencia de prensa. El funcionario cuestionó además el argumento de la Casa Rosada, que minimiza el impacto de la baja sosteniendo que el país mantendrá su participación activa dentro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Según precisó el titular del organismo, los mecanismos de vigilancia epidemiológica y los programas de cooperación regional operan de forma estrictamente integrada entre ambas entidades, por lo que el aislamiento de la matriz global terminará afectando de manera inevitable los recursos técnicos y la asistencia en el continente.