Una nueva iniciativa parlamentaria busca despenalizar la asistencia médica para morir en casos de dolencias irreversibles y sufrimientos intolerables.
Contempla la autoadministración y la cobertura total del sistema de salud público y privado.

El Palacio Legislativo vuelve a convertirse en el escenario de una discusión profunda sobre los límites de la autonomía personal y la salud pública.

Un reciente proyecto ingresado a la Cámara de Baja propone formalizar en el país el derecho a solicitar asistencia profesional para finalizar la vida en contextos de diagnósticos médicos terminales o cuadros crónicos que resulten incompatibles con una noción de existencia digna.

La propuesta técnica diferencia dos metodologías específicas: la intervención directa de un profesional sanitario para poner fin al sufrimiento del paciente y el suministro supervisado de los compuestos letales para que el propio solicitante los ejecute.

Para acceder a cualquiera de estas opciones, el texto legislativo impone barreras de edad a partir de la mitad de la adolescencia, la acreditación de la residencia legal en el territorio y la ratificación del pedido en dos oportunidades con un intervalo de poco más de dos semanas para descartar decisiones impulsivas.

De obtener el visto bueno de las cámaras, el procedimiento se anexará formalmente a las prestaciones obligatorias que deben brindar tanto las prepagas como las obras sociales y los hospitales estatales, prohibiendo cualquier tipo de arancelamiento o copago para el usuario. Asimismo, la normativa prevé salvaguardas institucionales mediante comités interdisciplinarios de evaluación biológica y bioética, al tiempo que blinda el derecho de los médicos a ampararse en la objeción de conciencia individual sin que esto habilite a los sanatorios a bloquear la práctica de manera corporativa.