Una disposición administrativa referida a la gestión nutricional en la provincia de Entre Ríos generó una encendida polémica en las vísperas de las celebraciones por el 25 de Mayo. A través de la Circular Nº 5, la Dirección de Comedores del distrito notificó a los centros bajo su coordinación que los métodos de cocción por fritura quedan estrictamente vedados en las cocinas oficiales, lo que de manera directa anula la clásica preparación de tortas fritas para las meriendas conmemorativas. Asimismo, el dictamen desaconsejó la provisión de facturas comerciales.
La normativa, impulsada por la División Técnica Nutricional del organismo litoraleño, fundamenta el veto en la búsqueda de opciones que combinen un menor impacto presupuestario con un estándar dietario superior. Las pautas oficiales sugieren sustituir el menú tradicional por bizcochuelos de elaboración casera o panificados alternativos, promoviendo un esquema que priorice ingredientes de mayor valor alimenticio frente a las grasas saturadas.
Reacciones del sector gremial
La medida no tardó en despertar fuertes críticas por parte de los representantes docentes locales, quienes interpretaron la directiva más allá de su justificación estrictamente médica o de ahorro público. Dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), entre ellos Fabián Peccín, manifestaron de manera pública su malestar a través de los canales digitales, encuadrando la decisión en un plano sociopolítico.
El debate cultural: Desde el arco sindical docente sostienen que este tipo de prohibiciones atenta contra costumbres profundamente arraigadas en la identidad de las comunidades más postergadas, restando valor a las manifestaciones de la cultura popular en fechas de alto contenido histórico.
Para los sectores que rechazan el instructivo, la paulatina eliminación de prácticas culinarias típicas en los ámbitos de contención social representa una pérdida de pertenencia y un intento de desmantelar conquistas simbólicas en los comedores comunitarios y escolares, afectando principalmente a los sectores en situación de vulnerabilidad. La normativa reabre el debate sobre el equilibrio entre la estandarización de las políticas de salud pública y el respeto a las tradiciones populares de la región.
