Las medidas apuntan a someter a un peritaje la carta encontrada en la sede diplomática. Además, comenzaría a cobrar forma una presentación por parte de AFIP en la que prosperaría una supuesta maniobra de contrabando.
La Justicia en lo Penal Económico avanzó con nuevas medidas de prueba en la causa en la que se investiga si hubo contrabando de armamento de Argentina a Bolivia en los días del golpe al Gobierno de Evo Morales, mientras en el Congreso la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia trabajará para esclarecer si hubo espías argentinos que hayan colaborado con el derrocamiento.
Tras haber habilitado el pasado lunes la feria judicial, el juez Javier López Biscayart dispuso pedirle al Ministerio de Relaciones Exteriores que resguarde y remita al juzgado "los sellos de recepción" de la embajada argentina en La Paz (Bolivia), según confirmaron a Télam voceros judiciales.
La medida sería esencial para el caso de que hubiera que someter a un peritaje la carta encontrada en la sede diplomática, fechada el 13 de noviembre de 2019, con la cual el Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, habría agradecido al entonces embajador argentino en ese país Normando Álvarez García el envío de 40.000 cartuchos antitumulto entre diverso material represivo.
El lunes, el magistrado rechazó la presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como eventual querellante en el expediente pero, según fuentes oficiales, comenzaría a cobrar forma una presentación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que además es denunciante, con más chances de prosperar porque lo que se investiga es una supuesta maniobra de contrabando y, al menos por ahora, no lavado de dinero.
Mientras tanto, la Comisión Bicameral de control de los Organismos de Inteligencia del Congreso comenzó a recabar información para intentar determinar si hubo agentes de inteligencia argentinos que colaboraron con la preparación del golpe de Estado en Bolivia y brindaron información sensible a otros países.
Confirmada la presencia de al menos dos enviados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Bolivia en 2019, lo que se buscará determinar es si llevaron a cabo "tareas ilegales" y compartieron información con otras agencias del mundo.
"Los agentes de la AFI en Bolivia eran conocidos por todos. No eran agentes secretos. Estaban ahí acreditados ante el gobierno local. Se dedican, por ejemplo, a trabajar en prevención del terrorismo. Pero hay indicios de que pudieron haber realizado tareas para las cuales no estaban autorizados", indicó una fuente consultada por Télam.
Uno de los dos agentes se ubicaba en Santa Cruz de la Sierra y el otro en La Paz, donde estaba en permanente contacto con el personal de la embajada, según pudo reconstruir esta agencia.
Las próximas investigaciones
En los días siguientes la comisión Bicameral que conduce el diputado Leoplodo Moreau le solicitará información a la AFI, mientras que en la primera semana de agosto podrían reunirse los legisladores que la integran para profundizar la investigación.
La conducción actual de la AFI, a cargo de la interventora Cristina Caamaño, también trabaja en una investigación interna para determinar si ambos agentes se desviaron de sus funciones; información que se volcaría en un informe que, de no mediar contratiempos, llegaría a manos del presidente Alberto Fernández antes del fin de semana.
Desde la comisión parlamentaria también colocaron el foco en Gendarmería Nacional: con capacidad para controlar a los organismos de inteligencia que funcionan dentro de distintas reparticiones del Estado, la bicameral solicitará que esa fuerza de seguridad informe si tiene o tuvo personal destacado en Bolivia.
Además, consultarán a la AFI si durante la gestión de Cambiemos ingresaron a ese organismo gendarmes retirados que recalaron en áreas vinculadas con el plano internacional.
En tanto, durante la mañana del martes, desde el Gobierno nacional salieron a responsabilizar al imputado expresidente Mauricio Macri por el supuesto apoyo al golpe de Estado perpetrado en Bolivia en 2019 que colocó en el poder a Jeanine Áñez.
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, consideró que "las razones ideológicas y políticas" por las cuales Macri "rechazaba al gobierno de Evo Morales" lo llevaron a dar "un salto al vacío y no respetar las instituciones democráticas", en referencia al envío de material represivo a Bolivia.
"Yo creo que las razones de este envío irregular, y para nosotros ilegal, de material bélico a Bolivia, obedecieron a que había un rechazo de Macri al Gobierno de Evo Morales. Eso lo llevó a dar un salto al vacío, y a pasar los límites. No se respetaron las instituciones democráticas", señaló.
La funcionaria también recordó que las cajas halladas tienen la leyenda "Fabricaciones Militares, la empresa que produce esos materiales en la Argentina" y reveló que desde el ministerio que encabeza pudieron constatar que los elementos encontrados en Bolivia fueron comprados durante el 2018 y 2019 y efectivamente los lotes pertenecían a la Gendarmería", añadió la Ministra.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo que le sorprende el "contexto" en el cual el Gobierno de Macri tomó la decisión de enviar material represivo "en forma de contrabando agravado" a Bolivia, cuando la Argentina se encontraba "en plena transición política" tras la victoria del Frente de Todos (FdT) en las elecciones presidenciales de 2019.
"El de Macri era un Gobierno que se estaba yendo y toma una decisión de estas características. Evidentemente, hubo ordenamiento internacional para derrocar a Evo Morales", señaló Rossi en declaraciones a Radio 10.
Macri fue imputado el viernes pasado por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial quien al impulsar la investigación judicial sostuvo que, de haberse cometido el delito analizado, "debería haber contado con algún nivel de concierto de quien ejercía entonces el cargo de Presidente de la Nación y, de suyo, el de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas".
