La Federación Argentina de Municipios (FAM), una entidad que nuclea a más de quinientos jefes comunales de todo el país, emitió un enérgico comunicado oficial para cuestionar con dureza la reciente modificación del Régimen de Zona Fría aprobada en el Senado de la Nación.
Desde la organización advirtieron que la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional golpeará de manera directa a millones de usuarios de gas que residen en regiones expuestas a bajas temperaturas, profundizando las dificultades económicas en un escenario de tarifas elevadas y servicios esenciales cada vez más onerosos.
En su pronunciamiento, los intendentes calificaron el ajuste como un retroceso en materia de derechos sociales adquiridos. "En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente anula ahora un derecho que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad", remarcaron desde la conducción de la FAM, al tiempo que reafirmaron su compromiso de continuar bregando por la defensa de los sectores afectados por la quita de asistencias.
Los alcances de la ley y el paso hacia un esquema de focalización estricta
El malestar institucional de los municipios se produce tras la sanción parlamentaria del paquete energético promovido por el Ejecutivo, cuyo propósito central radica en achicar el gasto fiscal mediante la reducción de subsidios económicos. Con la aprobación de la nueva normativa —que aguarda su reglamentación definitiva—, el beneficio automático de la tarifa diferencial se retrotrae a su núcleo histórico original, abarcando exclusivamente a los habitantes de la Patagonia, la región de la Puna y la localidad mendocina de Malargüe. Por el contrario, el impacto más significativo recae sobre las zonas que habían sido incorporadas al esquema durante la ampliación federal dispuesta en 2021.
Para esos sectores, que comprenden a más de 90 municipios distribuidos en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, el descuento en la facturación del gas natural y gas propano por redes dejará de aplicarse de forma generalizada. A partir de ahora, la continuidad de la ayuda estatal quedará sujeta al cumplimiento de los parámetros establecidos por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Filtros socioeconómicos y riesgo de pérdida para 1,6 millones de usuarios
El nuevo entramado regulatorio, estructurado bajo el paraguas del Decreto 943/2025, unifica los criterios de asistencia en materia de electricidad, gas por redes y garrafas.
Sin embargo, introduce vallas restrictivas para el acceso a las bonificaciones: quedan automáticamente excluidos aquellos hogares cuyos ingresos netos consolidados superen el umbral equivalente a tres Canastas Básicas Totales, facultando además a la Secretaría de Energía a evaluar indicadores patrimoniales para determinar supuestas capacidades de pago.
Como resultado de este rediseño, las proyecciones técnicas estiman que cerca de 1,6 millones de usuarios que hasta el momento gozaban del alivio tarifario en virtud de su ubicación geográfica perderán el beneficio si no logran encuadrarse dentro de los estrictos márgenes de vulnerabilidad que fija el SEF. Mientras el Gobierno defiende la medida como un ejercicio de equidad fiscal para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan, desde los gobiernos locales y las entidades territoriales advierten que la falta de gradualidad profundizará la crisis de pago en los hogares de clase trabajadora y sectores medios de las regiones afectadas.
