El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de subsidios por Zonas Frías, una medida que retrotrae el beneficio a su esquema original de la Patagonia, la Puna y Malargüe, dejando fuera a cerca de 1,6 millones de usuarios en todo el país.

La modificación normativa, aprobada con 38 votos a favor y 8 en contra, implica un ahorro fiscal proyectado en unos 400 millones de dólares anuales al achicar la cobertura territorial que se había expandido masivamente en 2021.

No obstante, el aspecto más debatido de la nueva normativa radica en que, a pesar de la drástica reducción de beneficiarios en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cuyo, la ley preserva intacto el recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte. De este modo, los hogares que perdieron la tarifa diferenciada continúan aportando al fondo fiduciario que financiaba el sistema.

Interrogantes presupuestarios y destino de los fondos

El mantenimiento del mecanismo de recaudación, sumado a las proyecciones presupuestarias que destinan más de un billón de pesos en transferencias corrientes para el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas, abre interrogantes sobre el destino de los recursos excedentes.

Durante el debate parlamentario se deslizó la posibilidad de reducir gradualmente el porcentaje del cargo hacia un 5,85% una vez saldadas obligaciones pendientes, aunque por el momento la alícuota se mantiene en su tope.

El debate vuelve a poner bajo la lupa la operatoria de los fondos fiduciarios y cargos específicos en las tarifas de energía, donde la supresión de estructuras u objetivos originales no siempre se traduce en una merma de la carga tributaria o de los recargos que afronta el conjunto de los usuarios residenciales.