El vencimiento del plazo legal para la presentación de las declaraciones juradas del período 2025 ante la Oficina Anticorrupción terminó por confirmar las sospechas en torno al otorgamiento de la línea de préstamos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina (BNA). La compulsa de los documentos oficiales, cotejados con los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) e informes comerciales, puso al descubierto la adquisición de loteos en countries exclusivos, casonas de fin de semana, residencias de gran porte y departamentos en las zonas más cotizadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de altos funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores.
El escándalo, que permanece bajo investigación judicial en el fuero federal, se originó luego de que la propia entidad bancaria admitiera la inclusión deliberada de este segmento de dirigentes dentro del programa "+Hogares Sector Público". Dicho esquema, ideado originariamente para la planta de trabajadores estatales con ingresos medios, permitió a los beneficiarios acceder al financiamiento de hasta el 90% del valor de mercado de los inmuebles, con plazos extraordinarios y montos máximos marcadamente superiores a los disponibles para el público general.
Propiedades de lujo y desfasajes patrimoniales en el ámbito legislativo
Entre los casos más resonantes dentro del Poder Legislativo figura el de la diputada nacional Lorena Villaverde (Río Negro), quien declaró la incorporación de una casona de 1.497 m² situada en el barrio privado "Los Patricios II" de Cipolletti, con un valor fiscal asignado de $319,8 millones. La legisladora —quien al momento de gestionar la operación ya contaba con una propiedad en el exclusivo barrio CUBE de Escobar y mantiene un embargo judicial sobre un terreno en Las Grutas— accedió al crédito en la casa central del BNA tras haber sido rechazada previamente por el Banco de Río Negro debido a la falta de scoring crediticio adecuado.
Por su parte, el diputado Santiago Santurio afronta una denuncia penal por supuesto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles impulsada por su par de bancada, Marcela Pagano. Santurio inscribió una casaquinta de 1.103 m² en la localidad bonaerense de Bella Vista por un valor fiscal de $400,2 millones. El informe financiero expuso que el legislador declaró haber cubierto el costo de la operación mediante el préstamo del BNA y la consolidación de un crédito personal por $97 millones otorgado por un particular a fines de 2025, tras registrar un salto patrimonial superior al 2.000% en el transcurso de un solo ejercicio.
En el mismo fuero, Sharif Menem —asesor en la Cámara Alta e integrante del entorno familiar de la presidencia del cuerpo— declaró la compra de un departamento en CABA con una valuación fiscal de $339,5 millones. A pesar de reportar un ingreso promedio mensual de $4,33 millones, los parámetros tradicionales de la banca privada habrían descalificado su capacidad de repago sin asistencia externa. La nómina del ámbito parlamentario se completa con el tucumano Mariano Campero, quien consignó la adquisición de una residencia de 992 m² en la zona residencial de Yerba Buena por $301,9 millones.
El impacto en el equipo económico y la causa en el Fuero Federal
El alcance del programa especial salpicó de manera directa a funcionarios clave de la conducción económica del Gobierno:
Pedro Inchauspe (Director del Banco Central): Percibió el crédito de mayor volumen otorgado a un funcionario público, superando los $500 millones. Inscribió la compra de un departamento de 133 m² en CABA no destinado a casa-habitación, conservando la titularidad de su residencia principal de 180 m² en San Fernando.
Felipe Núñez (Director del BICE): Declaró el 50% de una casona de 389 m² en la localidad de San Isidro, cuyo valor de mercado estimado por operadores inmobiliarios supera los 400.000 dólares.
Felipe Berón (Subsecretario de Servicios Financieros): Adquirió un lote de 3.000 m² en el country "La Retama" en Manzanares, Pilar, con una valuación fiscal de $408,8 millones, registrando deudas privadas para justificar la operación y un incremento patrimonial anual del 1.600%.
Javier Matías Mana y Juan Manuel Garzón: Mana incorporó una quinta de 209 m² en Escobar tras donar su inmueble previo en la Capital Federal, mientras que Garzón inscribió el 50% de una propiedad de 290 m² en la provincia de Córdoba.
A la par del reclamo parlamentario impulsado para exigir la apertura de la totalidad de las carpetas bancarias, la jueza federal María Eugenia Capuchetti concentra las actuaciones por presunta administración fraudulenta y tráfico de influencias. Pese a las intimaciones de la Oficina Anticorrupción y las solicitudes de acceso a la información pública, la conducción del Banco Nación mantiene el secreto sobre las evaluaciones de riesgo que posibilitaron la liquidación de las divisas.
