La Cancillería argentina puso en marcha un procedimiento sancionatorio de alcance internacional contra un entramado de 45 compañías, ejecutivos, accionistas y firmas proveedoras acusadas de desarrollar e impulsar la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de las Islas Malvinas sin la correspondiente autorización del Estado argentino. La ofensiva administrativa e institucional alcanza a corporaciones e individuos radicados en el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán.

El eje central de las actuaciones iniciadas por el Palacio San Martín recae sobre las operadoras Navitas Petroleum (poseedora del 65% del consorcio) y Rockhopper Exploration (tenedora del 35% restante), firmas que encabezan el desarrollo del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago. Hacia fines de 2025, el consorcio aprobó un plan de inversiones por 1.800 millones de dólares para la fase inicial del yacimiento —cuyas reservas comprobadas se estiman en 216 millones de barriles de crudo y un potencial total de 603 millones— con el objetivo de iniciar la extracción comercial de 55.000 barriles diarios a partir de 2028. Las notificaciones formales se extendieron además a Borders & Southern Falkland Islands Limited, JHI Associates y a las proveedoras de soporte técnico e infraestructura marítima Noble Corporation, NSAI y Fugro.

Las actuaciones tramitadas por la Cancillería se fundamentan en los términos de la Ley 26.659, régimen que establece el marco normativo y punitivo para las actividades extractivas no autorizadas en el mar argentino:

Sanciones económicas y patrimoniales: Inclusión de multas fijadas en un rango equivalente al valor de entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo, junto con el decomiso de los equipos, insumos y maquinarias utilizados en las maniobras.

Inhabilitaciones comerciales y administrativas: Revocación de concesiones o permisos previos otorgados en el territorio nacional e inhabilitación para operar comercialmente dentro de la República Argentina por un plazo de hasta 20 años.

Precedentes en el sector de servicios: El endurecimiento del marco regulatorio e inhibitorio impulsó previamente la retirada de grandes multinacionales del rubro de servicios petroleros —como SLB, Halliburton y Baker Hughes— de los proyectos desarrollados en el archipiélago.