
La Casa Rosada reactivó su agenda de negociaciones con las provincias con el propósito de blindar un paquete de reformas estructurales en el Congreso de la Nación. El encargado de centralizar esta nueva etapa de diálogo institucional es el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien planifica una ronda de consultas con los mandatarios provinciales en el corto plazo. El funcionario busca capitalizar el primer acercamiento informal sostenido con varios gobernadores el día de su asunción, posicionándose como el principal articulador político del presidente Javier Milei.
El temario que el Poder Ejecutivo colocará sobre la mesa de discusión incluye tres ejes centrales: la modificación del subsidio gasífero por Zona Fría, la supresión o reforma de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y el proyecto denominado de "inocencia fiscal". Con el fin de destrabar estos proyectos, la estrategia oficialista —coordinada bajo las directrices de Karina Milei de cara a la construcción nacional para 2027— contemplaría el compromiso de no interferir en los armados electorales locales de los gobernadores aliados que busquen retener el poder en sus distritos.
El debate tarifario y el frente santafesino
El punto de mayor fricción inmediata radica en el régimen de Zona Fría para las tarifas de gas. Tras haber obtenido la media sanción en la Cámara de Diputados, el oficialismo apunta a su convalidación en el Senado para retrotraer el beneficio al esquema previo a las ampliaciones dispuestas en 2021. De prosperar el proyecto, el subsidio generalizado quedaría limitado estrictamente a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe en Mendoza.
Esta reducción del mapa de beneficios impactará de forma directa en provincias productivas como Santa Fe, donde actualmente se verían afectados casi dos millones de usuarios distribuidos en ocho departamentos de la región sur, incluyendo el Gran Rosario. Bajo la nueva normativa que impulsa la Casa Rosada, la quita del beneficio generalizado solo exceptuaría a los sectores socioeconómicos de mayor vulnerabilidad, quienes conservarían una bonificación del 30%.
La controversia ya generó fisuras políticas en la coalición del gobernador Maximiliano Pullaro: durante el debate en la Cámara Baja, la diputada y exvicegobernadora Gisela Scaglia optó por votar en contra de la iniciativa oficialista. En este marco, el comportamiento de los senadores santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto en el recinto de la Cámara Alta será seguido de cerca como un indicador clave del estado de la relación entre el pullarismo y el gobierno central.
Reformas electorales y la vidriera de Tucumán
Respecto al sistema electoral, la administración libertaria evalúa distintas variantes para avanzar sobre las PASO. Si bien la meta de máxima es su derogación, en las mesas técnicas oficiales no se descarta la alternativa de transformarlas en un esquema optativo o incorporar el uso de listas colectoras para destrabar el rechazo de ciertos sectores provinciales.
El puntapié inicial para visibilizar este relanzamiento del vínculo entre el Gobierno nacional y los gobernadores podría materializarse mediante una foto política conjunta en la provincia de Tucumán, aprovechando las vísperas de las celebraciones por el 9 de Julio. No obstante, el verdadero desafío de la Jefatura de Gabinete comenzará con posterioridad, cuando deba traducir las postales de cortesía institucional en adhesiones y votos reales dentro de las bancas del Congreso.
