La iniciativa de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda exige que la Fiscalía de Estado intervenga para recuperar las tierras donde nacen las aguas del Río Chubut. Denuncian triangulaciones financieras y la violación de la Constitución provincial.
La disputa por la soberanía territorial y la propiedad de los recursos naturales en la Patagonia sumó un nuevo capítulo legislativo. La diputada provincial Magdalena Odarda, de la bancada Vamos con Todos, ingresó un proyecto de ley que persigue declarar la invalidez total de las transacciones inmobiliarias mediante las cuales más de 14.000 hectáreas situadas en las nacientes del Río Chubut pasaron a estar bajo la órbita de corporaciones ligadas al Estado de los Emiratos Árabes Unidos. La propuesta normativa instruye de forma directa a la Fiscalía de Estado a promover las demandas judiciales pertinentes para recuperar los predios y revertir las resoluciones administrativas que facilitaron el traspaso.
La presentación parlamentaria adquiere una fuerte gravitación tras un suceso que alteró la dinámica de la región el pasado 24 de febrero, cuando el mandatario de los Emiratos Árabes y emir de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, desembarcó en el aeropuerto de Bariloche en un viaje catalogado como estrictamente privado, motivado por sus posesiones en Río Negro. Aquella llegada se caracterizó por un fuerte operativo de seguridad y un hermetismo absoluto, montando una logística aérea inusual para la localidad rionegrina que incluyó tres helicópteros afectados al traslado de la delegación; una de las aeronaves despegó de inmediato hacia la Estancia Las Marías, en el paraje El Manso, un área que ya contaba con custodia propia desde mediados de febrero.
El trasfondo judicial de las tierras y el nexo con el sector energético
El origen y financiamiento de las 14.000 hectáreas en litigio quedó expuesto de forma sorpresiva durante un proceso penal por supuesta usurpación contra Soledad Cayunao, una mujer de la comunidad mapuche que finalmente resultó absuelta por los tribunales. En el transcurso de las audiencias judiciales, emergió que las tierras ubicadas en las nacientes del río Chubut habían sido adquiridas por una suma de dos millones de dólares provistos por la propia administración de los Emiratos Árabes Unidos.
La operación tuvo como vendedor a Marcos Marcelo Mindlin, considerado el empresario más influyente del sector energético argentino y socio de negocios de Joe Lewis, el magnate británico que posee otras 12.000 hectáreas a una distancia de escasos 50 kilómetros de esa misma cuenca hídrica.
Al fundamentar la propuesta de anulación, la legisladora Odarda alertó sobre las implicancias institucionales del caso:
·La enajenación de tierras en favor de una potencia extranjera alteró, en los hechos, la delimitación territorial de Río Negro.
·Esta maniobra configura una abierta transgresión a los principios de la Constitución de la provincia.
·El suelo provincial posee un carácter indivisible y no puede quedar expuesto a pactos corporativos opacos.
·Se detectó la utilización de fideicomisos, ingenierías financieras y testaferros para consolidar la entrega de territorio patagónico a capitales foráneos.
Flexibilización normativa y el rol de las misiones oficiales
El texto del proyecto conecta de forma directa estas compras de tierras con las modificaciones normativas aplicadas durante el mandato presidencial de Mauricio Macri. Puntualmente, señala al decreto 820/2016 como el instrumento que flexibilizó los mecanismos de fiscalización contemplados en la Ley de Tierras Rurales, favoreciendo la adquisición de superficies por parte de extranjeros.
Dichos movimientos inmobiliarios se gestaron de manera simultánea con una serie de aproximaciones diplomáticas y comerciales coordinadas entre la embajada de nuestro país y las autoridades de Abu Dhabi entre 2016 y 2017. En ese mismo lapso temporal, se concretaron misiones oficiales a los Emiratos Árabes Unidos encabezadas tanto por el entonces gobernador Alberto Weretilneck como por el propio presidente Macri.
Parcelas en la mira e irregularidades históricas
La ofensiva legislativa apunta sus cañones de forma específica sobre la nomenclatura catastral correspondiente a la parcela 20-2-600250, localizada en el área de Cerro Carreras. De acuerdo con los argumentos del bloque opositor, las maniobras de transferencia violaron de forma flagrante las restricciones de la Ley Nacional 26.737 de Protección de Tierras Rurales, omitiendo además las regulaciones de seguridad nacional referidas al resguardo y control de las zonas de frontera.
A modo de respaldo técnico, el proyecto recupera las conclusiones emitidas oportunamente por la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras Rurales de la propia Legislatura de Río Negro. Aquel cuerpo de auditoría ya había dictaminado la existencia de graves anomalías, transacciones a precios viles y lógicas especulativas en los procesos de enajenación de tierras fiscales dentro del ejido rionegrino.
Finalmente, Odarda exhortó a las autoridades provinciales a romper la inercia institucional ante el avance de estos desarrollos inmobiliarios privados en áreas fronterizas estratégicas, remarcando que es una obligación ineludible de la Fiscalía de Estado actuar de oficio para preservar el patrimonio geográfico rionegrino y restituir al dominio público predios que nunca debieron transferirse a manos extranjeras.
