El informe de la segunda auditoría del programa Extended Fund Facility detalla las directrices acordadas con la gestión de Javier Milei. Buscan suprimir moratorias, equiparar la edad de retiro por género e indexar la jubilación a la expectativa de vida.
Los lineamientos macroeconómicos delineados tras la última evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipan un severo rediseño del sistema de seguridad social argentino. En el marco del entendimiento técnico por el programa Extended Fund Facility 2025, el organismo internacional promueve una reestructuración previsional que funcionará en la práctica como la contraacara de las recientes modificaciones en la legislación laboral.
De acuerdo con un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la hoja de ruta sugerida por la entidad de crédito plantea de manera prioritaria desmantelar los actuales esquemas de moratorias previsionales. La meta es derogar la exigencia base de tres décadas de aportes obligatorios para instaurar, en su lugar, un haber de carácter proporcional que se liquide estrictamente en función del tiempo neto de servicios registrados. Este cambio normativo alteraría las posibilidades de cobertura para un amplio universo de la población económicamente activa que se desempeña bajo condiciones de informalidad y que difícilmente pueda alcanzar las metas de aportes formales exigidas.
Reconfiguración del financiamiento y haberes menores
La propuesta contempla modificaciones en las fuentes de financiamiento del sistema. El plan estipula que tanto la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como las asignaciones de base se sostengan de manera exclusiva con los recursos provenientes de la recaudación tributaria general de impuestos directos. De esta manera, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedaría reservado únicamente para aquellos beneficiarios que completen la totalidad del historial contributivo. Cabe recordar que, en términos reales, el beneficio de la PUAM equivale actualmente a solo el 80% del haber mínimo jubilatorio básico.
Otro de los ejes de conflicto radica en la intención del organismo de unificar los regímenes especiales, sectoriales y provinciales dentro del esquema de la caja nacional. Esta medida incide en debates fiscales que ya se desarrollan de manera dispar en distintas administraciones provinciales y convenios colectivos, amenazando la continuidad de esquemas diferenciales obtenidos históricamente por determinadas ramas laborales.
Indexación de la edad y equiparación de género
En materia de retiro, el FMI promueve eliminar de forma progresiva la diferencia de cinco años que rige en la edad de jubilación entre hombres y mujeres, unificando el límite legal para ambos sexos. A esta medida se le sumaría la implementación de un mecanismo de actualización automática que elevaría de manera gradual la edad jubilatoria asociándola directamente a los índices demográficos de esperanza de vida de la población.
El Poder Ejecutivo asumió un compromiso de carácter formal frente al Fondo Monetario para elaborar y remitir al Congreso de la Nación el estudio de diagnóstico técnico integral y el paquete de alternativas de reforma legislativa, fijando como fecha límite para este envío el cierre del año 2027.
