A través del informe del jefe de Gabinete, la obra social reconoció el masivo recorte. De ese total, 1,6 millones utilizaban los remedios de forma habitual. Organizaciones sociales y defensores de la tercera edad denuncian desobediencia judicial ante las cautelares vigentes.
El impacto de las políticas de austeridad fiscal sobre la población de la tercera edad sumó su primer reconocimiento estadístico por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En su reciente comparecencia ante el Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, precisó que aproximadamente 2,2 millones de afiliados al PAMI quedaron privados del acceso automático a la cobertura del 100% en sus tratamientos farmacológicos por no encuadrarse en los nuevos requisitos socioeconómicos fijados por la Resolución 2026-428 del organismo.
El dato más alarmante que surge de la propia documentación oficial es que, dentro de ese universo de personas afectadas, 1,6 millones corresponden a jubilados y pensionados que consumían dichas drogas de manera regular. La reestructuración del vademécum obliga ahora a este segmento a tramitar subsidios sociales individuales o gestiones de excepción burocráticas, arrastrando a miles de beneficiarios a suspender sus tratamientos o a financiar sus recetas en cuotas.
Batalla judicial y maniobras de confusión
La justificación esgrimida por la obra social para aplicar el recorte se amparó en la premisa de "garantizar la sostenibilidad del sistema". Sin embargo, desde el plano legal, la resolución dictada en febrero de este año esconde un trasfondo de litigiosidad. Fuentes ligadas a las demandas colectivas explicaron que la medida gubernamental intenta dar respuesta formal a una sola de las tantas causas penales y civiles que exigen la restitución del programa "Vivir Mejor", el cual aseguraba la gratuidad de los medicamentos esenciales.
Representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) recordaron que desde octubre de 2025 rige una medida cautelar con alcance nacional que obliga al PAMI a restablecer la cobertura plena. Al no registrarse un cumplimiento efectivo, el expediente acumula multas diarias contra los directivos de la entidad. Abogados querellantes sostienen que las nuevas resoluciones administrativas de la obra social configuran una maniobra evidente para confundir a los tribunales y esquivar los fallos judiciales, mientras los amparos por medicamentos e internaciones geriátricas se convirtieron en el eje central de los estudios jurídicos privados.
Para Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, las cifras presentadas por el oficialismo intentan esquematizar un escenario dinámico y complejo. El especialista tildó de "errático" el manejo del organismo y señaló que las canastas de tratamientos cambian constantemente según la evolución de los pacientes oncológicos o crónicos, dejando desamparados a quienes ya no poseen margen de maniobra económica.
El fuerte choque de las estadísticas económicas
El informe gubernamental también expuso una marcada divergencia conceptual respecto al peso real que tiene el gasto en salud sobre los haberes de la clase pasiva.
·La postura del Poder Ejecutivo: El Gobierno remarcó en el Congreso que los afiliados desincorporados conservan descuentos en mostrador de entre el 50% y el 80%. Bajo esa línea, afirmaron que para el 66,4% de los jubilados el gasto en remedios demanda menos del 5% de sus haberes mínimos, mientras que para el 94% representa menos del 20%.
·La medición de las defensorías: En la vereda opuesta, la Defensoría de la Tercera Edad determinó que el costo real de los medicamentos absorbe el 27,5% de la canasta básica de un jubilado, promediando unos 500 mil pesos.
Deterioro del poder adquisitivo: De acuerdo con mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el bono complementario de 70 mil pesos —que se mantiene sin modificaciones desde principios de 2024— sufrió una depreciación cercana al 50% de su valor real al ser cotejado con el mismo mes de 2026, agudizando la brecha para costear las prestaciones médicas elementales.
