Una medida cautelar dictada por la justicia federal congeló por seis meses la reestructuración que impulsaba la Casa Rosada.

La resolución frena la desvinculación de 700 técnicos y obliga a reponer casi un millar de controles clave para la industria y los alimentos.

El plan de achique del aparato estatal implementado por la administración central sufrió un tropiezo de peso en los tribunales. El Juzgado Federal N°2 de San Martín hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dictando una medida de no innovar que deja sin efecto temporalmente el plan de desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La decisión del magistrado subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto paraliza de forma directa los efectos de la normativa oficial que disponía el cese de unos 700 puestos de trabajo y la baja de más de 900 funciones de asistencia técnica.

El fallo, que tendrá una validez inicial de medio año, exige a las autoridades de la institución asegurar las tareas habituales de todo el personal afectado, prohibiendo traslados, modificaciones de funciones o recortes en las remuneraciones vigentes.

Desde la conducción sindical celebraron el dictamen como un freno institucional a la política de despidos generalizados. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el fallo demuestra que la gestión pública no puede avanzar por encima de las normativas constitucionales y las leyes laborales, interpretando el escenario como un punto de inflexión en el conflicto permanente que mantienen con el Ejecutivo por los recortes en los ministerios y organismos descentralizados.