A través de una resolución de la Secretaría de Transporte, el Ejecutivo nacional dio de baja el sistema de reintegros que regía desde 2018. Aunque el beneficio por ley sigue vigente, en las terminales alertan por crecientes trabas para conseguir boletos.
El Poder Ejecutivo Nacional formalizó una profunda modificación en el esquema de financiamiento del transporte de larga distancia que afecta de forma directa a los usuarios con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y menores en tratamiento oncológico. Mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación, se derogó el régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las compañías de ómnibus para cubrir los costos de los pasajes gratuitos que se emiten por ley.
A partir de esta normativa, el costo total de los pasajes sin cargo deberá ser absorbido de manera exclusiva por las empresas operadoras dentro de sus presupuestos particulares, bajo un criterio que la administración central cataloga como "simplificación normativa".
Desregulación del sector y el argumento oficial
La justificación de la cartera de Transporte se fundamenta en la reestructuración del sistema automotor interjurisdiccional iniciada a fines de 2024 (Decreto 883/2024). Desde la perspectiva oficial, la actual liberación de tarifas y la flexibilidad para diseñar rutas comerciales permiten a las firmas del sector "internalizar" el valor de estos boletos dentro de sus propias estructuras operativas, asumiendo que las condiciones de mercado previas que hacían necesario el subsidio estatal han quedado sin efecto.
No obstante, desde los mostradores de las principales terminales del país ya se reportan dificultades y demoras para la obtención de los cupos gratuitos. Las empresas, que aducen un escenario de rentabilidad ajustada, comenzaron a restringir la entrega de los pasajes ante la quita del aporte público.
El contexto de las tarifas y un antecedente en la Justicia
La quita del subsidio se da en un escenario de fuerte tensión para el transporte público de pasajeros, marcado por subas tarifarias recurrentes que impactan de lleno en el poder adquisitivo de la población. De acuerdo con diversos relevamientos sectoriales, el gasto destinado a la movilidad diaria ha escalado de forma drástica, afectando principalmente a los trabajadores de menores ingresos.
Por otra parte, la medida dictada por la Secretaría de Transporte colisiona con antecedentes del plano legal. Hacia finales de 2024, tras los primeros conflictos derivados de la desregulación, el Juzgado Federal N° 11 había ratificado la obligatoriedad de la gratuidad de los boletos, pero determinando explícitamente que el Estado nacional debía sostener los mecanismos de compensación financiera hacia las transportistas para resguardar la sustentabilidad del sistema.
