El Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA) formalizó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y parte de su gabinete, al considerar que la actual gestión ha incurrido en un manejo irregular de los recursos de la Seguridad Social. La presentación judicial, encabezada por la secretaria general Graciela Aleñá, apunta a una presunta maniobra de "apropiación de fondos públicos" para beneficiar a actores financieros a través de instrumentos de inversión privada.
La mecánica de la denuncia: ¿Hacia un nuevo esquema de AFJP?
El escrito presentado ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) bajo el registro Nº 204/2026, sostiene que el Ejecutivo habría canalizado activos destinados al sistema solidario de jubilaciones hacia el ámbito de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Para el gremio y su asesoría letrada, a cargo de Eduardo Barcesat, esta acción constituye un "concurso de delitos" que incluye:
·Administración fraudulenta.
·Abuso de autoridad.
·Violación de los deberes de funcionario público.
Desde STVyARA advierten que este desplazamiento de fondos no es un error administrativo, sino el retorno encubierto a modelos similares al de las AFJP. Según la denuncia, esta lógica "privatista" desfinancia el régimen de reparto y prioriza la rentabilidad de las entidades financieras por sobre la sostenibilidad de los haberes jubilatorios.
El alcance de la responsabilidad política
La acción penal no se limita a la figura presidencial. El sindicato solicitó que se investigue también a los funcionarios que diseñaron la Ley de Modernización Laboral y a los legisladores nacionales que dieron su voto positivo para la sanción de la Ley Nº 27.802.
El argumento central es que estos actores habrían facilitado una estructura legal que contraviene principios básicos de la administración pública y el resguardo de los aportes de los trabajadores en relación de dependencia.
El blindaje del Artículo 14 bis
Un eje fundamental de la demanda es la presunta inconstitucionalidad de las medidas. El gremio sostiene que se ha vulnerado el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual establece que la seguridad social debe tener un carácter integral e irrenunciable.
Asimismo, la denuncia invoca pactos internacionales y convenios de la OIT, señalando que cualquier reforma que implique un retroceso en la protección de los derechos laborales viola el principio de progresividad.
"Las medidas cuestionadas implican un retroceso que contradice décadas de jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos sociales", remarcaron desde el sindicato vial al cierre de la presentación.
