A solo horas de su sanción en el Congreso, el gobernador pampeano presentó un recurso de amparo y una cautelar alegando la inconstitucionalidad de la norma. La decisión quedó en manos del juez Juan José Baric, mientras el Gobierno Nacional advierte sobre el riesgo de millonarias inversiones mineras.
La reciente aprobación de la Ley de Glaciares ha desatado un inmediato frente de conflicto jurídico entre la provincia de La Pampa y el Ejecutivo Nacional. Sergio Ziliotto, mandatario pampeano, formalizó una ofensiva judicial argumentando que la nueva legislación vulnera preceptos constitucionales y tratados internacionales de protección ambiental, poniendo en riesgo cuencas hídricas que abastecen a su provincia y que tienen su origen en zonas glaciares.
Un freno a la "hoja de ruta" minera
La presentación judicial no solo cuenta con el respaldo de la Fiscalía de Estado provincial, sino también con el apoyo de constitucionalistas y diversas organizaciones ambientalistas que consideran que la norma debilita la protección de ecosistemas críticos. Sin embargo, para la Casa Rosada, este movimiento representa una amenaza directa a una de sus principales apuestas económicas.
Desde el sector oficialista subrayan que la ley fue diseñada para otorgar previsibilidad jurídica y atraer capitales extranjeros. El impacto de una posible suspensión por parte de la justicia sería inmediato: están en juego proyectos de envergadura global, como los de las firmas Glencore y Vicuña, que forman parte de un paquete de inversiones proyectado en 40.000 millones de dólares.
El factor judicial y el calendario oficial
La definición recae sobre el despacho del juez federal Juan José Baric. Su decisión de dar lugar o rechazar la medida cautelar determinará si la ley entra en plena vigencia o si queda congelada antes de su implementación efectiva.
Este fallo se espera con especial atención debido a la proximidad de la exposición minera nacional en San Juan, prevista para el mes próximo. El Gobierno Nacional planea utilizar ese foro como plataforma para consolidar compromisos de inversión, pero la incertidumbre legal generada en La Pampa podría enfriar las expectativas de los actores internacionales del sector.
Antecedentes y tensiones federales
Si bien otros gobernadores de provincias con actividad minera acompañaron la sanción de la ley, La Pampa se posiciona como la única jurisdicción que, hasta el momento, ha llevado el reclamo a los tribunales. Este escenario recuerda a recientes judicializaciones de reformas federales, donde la intervención de magistrados de primera instancia ha logrado frenar artículos clave de leyes nacionales.
Nuevamente, la Argentina se encuentra en el centro de un debate profundo que confronta dos modelos: la urgencia de captar divisas a través de la explotación de recursos naturales y la resistencia de sectores que exigen prioridad absoluta para la preservación del patrimonio ambiental.
