La Fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa que involucra a la diputada nacional Emilia Orozco, reanudando la investigación por supuestos "aportes forzosos" que habrían sido exigidos a funcionarios para el partido La Libertad Avanza. La decisión, impulsada por la fiscal Mónica Poma, se basa en la denuncia de Cristian David Achaval, exdirector de la oficina de ANSES en Metán.

Achaval denunció que, tras asumir su cargo en septiembre de 2024, se le solicitó que destinara entre el 5% y el 10% de su sueldo para financiar la actividad partidaria. Según su relato, estos pagos se harían a través de asesores, transferencias a cuentas específicas o en efectivo. El denunciante asegura tener grabaciones y documentación que corroboran sus afirmaciones y menciona haber sido presionado por la propia diputada Orozco.

La denuncia había sido desestimada inicialmente, pero la fiscal Poma consideró que la acusación podría constituir un delito de extorsión y abuso de autoridad, y solicitó informes sobre las normas de financiamiento de los partidos políticos. Con esta medida, la causa contra Orozco y otros dirigentes continúa, buscando determinar la legalidad de las prácticas denunciadas.