Una directiva secreta emitida a fines de enero pasado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ha generado controversia al ordenar la "identificación y monitoreo" de "grupos sociales vulnerables" y "actores no estatales" que puedan "capitalizar la creciente polarización política para expandir su influencia" en el electorado argentino. La orden, cuya copia fue divulgada, lleva la firma de Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE.
La directiva instruye a agentes y analistas a recabar toda la información de inteligencia posible sobre estos "actores" (sin identificarlos por nombre), enfocándose en sus "capacidades y motivaciones" y en el "impacto de sus acciones en la estructura política e institucional de la Nación". El objetivo es elaborar informes para las máximas autoridades del espionaje local.
La medida abarca también a "actores estatales" extranjeros que puedan implementar "tácticas" para "influir en el desarrollo político" de Argentina, incluyendo "ciberataques, operaciones de desinformación y financiamiento a actores políticos" locales alineados con sus "intereses estratégicos", aunque tampoco se los identifica.
Un Plan de Inteligencia Nacional con "zonas grises"
Esta directiva, junto a otras similares, integra la primera fase de aplicación práctica del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento de 170 páginas que establece los lineamientos estratégicos de la SIDE para los próximos años. Si bien algunos de estos lineamientos reafirman prioridades tradicionales como la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado, o la defensa de intereses argentinos en el Atlántico Sur y la Antártida, el PIN "entreabrió la puerta a eventuales tareas de espionaje interno", según la información, que podrían recaer sobre "periodistas, economistas y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o a sus funcionarios".
Desarrollado por la cúpula de la SIDE que lidera Sergio Neiffert, el PIN detalla los intereses estratégicos del país y los objetivos generales de inteligencia, enumerando acciones particulares que los agentes deberían desarrollar para cumplirlos. El texto, sin embargo, está "lleno de generalidades, zonas grises y ambigüedades".
Por ejemplo, el PIN determina que quedarán bajo la lupa todos aquellos que busquen "erosionar" la confianza pública en los funcionarios de seguridad, o que generen o puedan generar una "pérdida de confianza" en las "políticas económicas" del Gobierno. También aquellos que puedan "manipular" a la opinión pública durante procesos electorales o propagar la "desinformación", sin precisar si se alude a periodistas, analistas u otros actores.
A partir de este Plan, las autoridades de la SIDE han distribuido decenas de "directivas" a los responsables del Sistema de Inteligencia Nacional, quienes deberán recabar información en sus áreas, "producir conocimiento" y elaborar informes trimestrales sobre los "actores" bajo escrutinio.
"¿Piqueteros, movimientos sociales o comederos populares?"
La orden de recopilar datos sobre "actores locales" que puedan representar un riesgo para el orden constitucional y la gobernabilidad, así como determinar las "dinámicas" de "radicalización" de "grupos sociales vulnerables" (sin identificarlos), abre interrogantes. La nota periodística se pregunta si esto "se refiere a grupos piqueteros, movimientos sociales o, incluso, comederos populares".
Asimismo, la Secretaría de Inteligencia –bajo la órbita de influencia del asesor Santiago Caputo– extendió la vigilancia a "actores estatales y no estatales extranjeros" que pudieran impulsar "acciones locales" para interferir en Argentina. Si bien podría aludir, por ejemplo, a intentos de Rusia de manipular elecciones locales, la directiva no lo explicita.
El Plan de Inteligencia Nacional sí menciona por su nombre a Estados Unidos e Israel, identificándolos como norte al momento de definir alianzas y prioridades estratégicas, a diferencia del Reino Unido, que es excluido debido al conflicto por las Islas Malvinas y el "escenario antártico".
Horas después de la filtración, la Oficina del Presidente emitió un comunicado confirmando la existencia del documento secreto, pero negó que se utilice a la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos. El comunicado, difundido por el Presidente en la red social X, rechazó las "versiones periodísticas" sobre el Plan de Inteligencia, pero no aportó precisiones, y culpó al "90% del periodismo" de ser "los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad".
Según se constató, el Plan de Inteligencia Nacional de la gestión libertaria "registra diferencias notables" con los elaborados por gobiernos anteriores, poniendo énfasis en una "batalla cultural por controlar el relato", un concepto "muy afín al discurso de la administración libertaria", según confirmaron fuentes que accedieron al documento.
Fuente: La Nación
