Somos Télam
El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, anunció este lunes el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), al considerar que brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”.
La medida del Gobierno fue rechazada por los representantes de los trabajadores estatales, quienes temen que de esta forma se incrementen los despidos y se dificulte aún más el acceso al servicio de Justicia por parte de los sectores sociales menos favorecidos.
La administración del presidente Javier Milei justificó la decisión tras realizar una “auditoría interna” que habóa comenzado en diciembre, según indicaron fuentes oficiales.
“El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones”, se señaló en un comunicado oficial de la cartera de Justicia.
Estos Centros eran espacios que asesoran, asistían y acompañaban de manera gratuita a personas con problemas legales o que tienen dificultades para acceder a sus derechos, y había 105 de estas dependencias distribuidos en distintos puntos del país.
“En la Secretaría de Justicia ya tenemos, hasta el momento, 270 despidos desde el mes de diciembre. Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más”, explicó Silvina Silva, trabajadora del Centro de Acceso a la Justicia Padre Bachi de La Matanza y Delegada de ATE a través de un comunicado.
Además, desde ATE precisaron que “no existe en el territorio nacional organismo municipal o provincial que realice la misma tarea que los CAJs.
Los representantes de los trabajadores estiman que la propuesta del Gobierno de que el ciudadano concurra directamente a Fiscalía o a Defensoría “es ampliamente improcedente, e inaccesible para la ciudadanía en general”.
“Un amplio sector poblacional no dispone de recursos simbólicos, materiales ni económicos para acceder a una mínima llamada o mensaje por celular”, apuntaron.
Asimismo, desde el gremio denunciaron que nunca existió un revelamiento de los CAJ a fin “de evaluar su estado, capacidad de funcionamiento y el logro de sus objetivos” como indicó el Ministerio de Justicia.
“Desde el 10 de diciembre del 2023 estás dependencias se encuentran acéfalas de autoridades, no habiendo recibido orden alguna sobre metas y objetivos, no habiendo recibido visitas, ni pedido de informes a los equipos”, señalaron.
