En una audiencia de formulación de cargos realizada ayer mediante videoconferencia, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo acusó a un hombre, N.O.F, por amenazar e incendiar el campo de una familia en un paraje cercano a la ciudad de Zapala, y como consecuencia del cual murieron alrededor de 50 chivos que allí criaban.
Los delitos que la fiscalía le atribuyó al imputado son amenazas -2 hechos-, incendio agravado por la muerte de animales y desobediencia a una orden judicial en concurso real, en calidad de autor (artículos 149 bis, 186 inciso primero y segundo inciso “c” y “e”, artículos 239, 55 y 45 del Código Penal).
La representante del Ministerio Público Fiscal requirió que N.O.F quede detenido con prisión preventiva por existir riesgo de entorpecimiento de la investigación y riesgo para la integridad de las víctimas. Solicitó que la medida se extienda por el plazo de 30 días. También requirió que el imputado sea inscripto en el Registro Provincial de Violencia.
La abogada querellante, que intervino en representación de los intereses de las víctimas, adhirió a los planteos realizados por la representante del Ministerio Público Fiscal.
La teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal son los hechos ocurridos el 13 de julio pasado, alrededor de las 17:30, en el domicilio de las víctimas en un paraje cercano a la ciudad de Zapala. El imputado, N.O.F, se acercó al domicilio de la víctima y su familia y los amenazó de muerte; también con incendiar el lugar y los animales.
El 14 de julio, cuando la víctima y su pareja se dirigieron hacia la comisaria a realizar la denuncia por las amenazas recibidas, el imputado ingresó al domicilio, prendió fuego un galpón y también un sector construido donde se guardaba forraje, provocando la muerte de animales que se encontraban en el lugar.
Asimismo, el 1 de agosto, entre las 17 y las 18, una amiga de las víctimas fue interceptada por N.O.F en la localidad de Mariano Moreno y por medio de ella amenazó nuevamente a la familia. Con dicha conducta el imputado incumplió las medidas cautelares dispuestas por el Ministerio Público Fiscal, el 15 de julio pasado, las cuales consistían en la prohibición de acercamiento y contacto a menos de 200 metros de las víctimas y su domicilio; como así también la prohibición de ejercer actos de violencia, perturbación o intimidación directa o indirectamente hacia las mismas por el plazo de 90 días.
El juez de garantías a cargo de dirigir la audiencia avaló el requerimiento de la fiscalía, dio por formulados los cargos. Además hizo lugar al pedido de la medida de coerción y fijó la prisión preventiva en 30 días.
