La decisión judicial de otorgar el arresto domiciliario al empresario J. R., hallado culpable por un jurado popular de haber abusado sexualmente de su hijastra durante 19 años, generó una ola de indignación y masivas protestas. Los residentes de la urbanización privada donde se dispuso el beneficio reaccionaron con un virulento repudio frente a la propiedad del condenado, que incluyó cacerolazos, huevazos, acumulación de residuos y duros cuestionamientos hacia los magistrados que firmaron la resolución.

El descontento vecinal se extendió a lo largo de dos jornadas consecutivas apenas se constató el regreso del hombre a la vivienda bajo monitoreo de tobillera electrónica. Las inmediaciones de la casa se convirtieron en el epicentro de ruidosas concentraciones con bocinas, pancartas y carteles dirigidos al Poder Judicial. Ante la escalada de la tensión, la Policía de Neuquén debió implementar una custodia fija en el lugar para contener la manifestación y evitar daños edilicios de mayor gravedad.

El temor de las familias y el impacto en la rutina barrial

Los habitantes del sector manifestaron su profunda preocupación por la convivencia con un condenado por delitos de extrema gravedad, especialmente por la presencia de numerosos niños y niñas en el vecindario. En declaraciones a los medios locales, los vecinos señalaron el quiebre en la tranquilidad habitual de la zona, advirtiendo que la situación forzó a muchas familias a restringir las salidas de sus hijos por razones de seguridad.

La comunidad consideró contradictorio el amplio despliegue de efectivos policiales destinado a preservar la integridad del agresor en lugar de asegurar la tranquilidad de los ciudadanos, y denunciaron la complejidad de tener que explicar el funcionamiento de los dispositivos de control a los menores de edad del complejo residencial.

Los fundamentos de la polémica medida judicial

El detonante de la protesta fue el fallo del Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Mauricio Macagno, Federico Sommer y la jueza Liliana Deiub, quienes hicieron lugar al requerimiento de la defensa técnica y revocaron la prisión preventiva que el imputado venía cumpliendo en una dependencia policial. El tribunal consideró que no se justificaba el endurecimiento de la medida restrictiva, argumentando que el empresario había respetado las pautas de conducta previas y la reclusión en el hogar durante las etapas anteriores del proceso penal.

Cabe recordar que J. R. fue declarado culpable por unanimidad del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el vínculo y corrupción de menores, por hechos cometidos contra la víctima desde que tenía 7 años de edad. En tanto, tanto el Ministerio Público Fiscal como la parte querellante ya adelantaron que en la próxima audiencia de cesura solicitarán una pena que oscilará entre los 30 y los 35 años de cárcel de cumplimiento efectivo. Para exigir celeridad y la inmediata revocación del beneficio, las organizaciones vecinales ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza en el sector.