A través del Decreto 589/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de Ana María Cristina Juan al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. La decisión generó inmediatas repercusiones en el ámbito judicial, no solo porque el tribunal asignado aún no ha sido habilitado por la Corte Suprema, sino también por el estrecho vínculo familiar de la funcionaria: es la cónyuge de Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado federal que recientemente resolvió desplazar a las querellas en la investigación por la presunta estafa virtual con la criptomoneda $LIBRA.
La medida del Gobierno reabre una controversia metodológica. Tiempo atrás, la Casa Rosada justificó la postergación del nombramiento de la jueza María Verónica Michelli —cuñada del periodista Hugo Alconada Mon— argumentando, precisamente, que su juzgado de destino no estaba operativo. En esta ocasión, la falta de funcionamiento del tribunal de Hurlingham (creado por la Ley 27.225 para intervenir en Ituzaingó y Merlo) no impidió la designación de Cristina Juan.
Trayectoria en Comodoro Py
La flamante magistrada cuenta con una extensa carrera dentro de la estructura de la Cámara Federal de Apelaciones. Egresada de la Universidad de Buenos Aires hace más de tres décadas y con un doctorado en Derecho por la Universidad de Palermo, ingresó a los tribunales de Retiro en la década de 1990. Allí escaló posiciones como auxiliar, escribiente y prosecretaria, hasta consolidarse durante los últimos diez años como secretaria letrada en un área clave del tribunal de apelaciones.
El nexo con el expediente de la criptoestafa
La polémica política e institucional cobra fuerza debido a la reciente resolución firmada por su esposo, el juez Martínez de Giorgi, en los autos caratulados CFP 772/2025. El pasado viernes 3 de julio, el magistrado hizo lugar a un planteo de falta de acción presentado por la defensa del imputado Mauricio Gaspar Novelli.
Esta resolución determinó el apartamiento inmediato del rol de querellantes de los damnificados particulares representados por los letrados Juan Grabois y Nicolás Oszust. Con la salida de estos acusadores privados —quienes venían impulsando activamente la recolección de pruebas y requiriendo medidas de fondo—, el avance de la causa penal que involucra a altas figuras políticas, incluido el presidente Javier Milei, quedó delegado exclusivamente en el fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
