Lo que comenzó como una discrepancia política tras la sesión por la reforma laboral en el Congreso, derivó en una causa penal por amenazas de muerte contra la diputada nacional por Neuquén, Karina Maureira. La Justicia actuó de forma inmediata tras la denuncia de la legisladora, quien recibió mensajes de extrema violencia a través de sus redes sociales.
El detonante y las amenazas
Tras el voto a favor de la reforma laboral el pasado 19 de febrero, Maureira fue blanco de una ola de hostigamiento. Según consta en la causa, un hombre residente en la capital neuquina le envió mensajes directos con frases como “te voy a hacer mierda” y afirmando que, de encontrarla en la ciudad, “la prendería fuego”.
Ante la contundencia de las agresiones, la diputada radicó la denuncia el 20 de febrero. "Se cruzó un límite que no se puede dejar pasar", indicaron desde su entorno.
Operativo en el barrio San Lorenzo
La investigación, coordinada por el fiscal Diego Azcárate y el Departamento de Delitos de la Policía provincial, permitió identificar al presunto autor de los mensajes en Facebook.
·Allanamiento: Se realizó el pasado domingo en una vivienda del barrio San Lorenzo.
·Secuestro: Los efectivos incautaron un teléfono celular que será clave para las pericias.
·Situación del sospechoso: El hombre fue demorado y notificado de la investigación. Si bien recuperó la libertad, la Justicia le impuso una prohibición absoluta de contacto y acercamiento hacia la diputada.
El pedido de Maureira en el Congreso
El clima de tensión se dio paradójicamente después de una intervención muy personal de la legisladora en la Cámara Baja. Maureira, de profesión periodista, se emocionó hasta las lágrimas al solicitar que se rechazara el capítulo 26 de la reforma, que busca derogar el Estatuto del Periodista.
"El estatuto no es un privilegio corporativo; es una herramienta para preservar la independencia profesional frente a presiones económicas o políticas", defendió Maureira, quien aclaró que, si bien acompaña la postura de su provincia, no avalará puntos que vulneren derechos fundamentales o la libertad de expresión.
La investigación continúa abierta a la espera del análisis del dispositivo móvil secuestrado para determinar los pasos a seguir en la imputación del detenido.
