El deterioro de las variables macroeconómicas comenzó a trasladarse de manera directa al balance de los hogares argentinos, amenazando la estabilidad de la cadena de pagos del sistema. La combinación de salarios estancados, una inflación persistente, subas de tarifas y el encarecimiento del crédito formal configuró un escenario donde el financiamiento ya no se destina a la adquisición de bienes durables —como propiedades o automóviles—, sino que mutó en un canal de supervivencia para costear el consumo diario de alimentos. Ante la imposibilidad de saldar los saldos totales, las familias recurren de forma sistemática al pago mínimo de las tarjetas y a la reestructuración constante de pasivos, un proceso avalado por el sector bancario que eleva el riesgo de un colapso financiero a gran escala.

Esta pérdida en la capacidad de pago dejó de ser un problema patrimonial de los sectores de menores recursos para convertirse en un fenómeno transversal que afecta a todo el consumo. El impacto más severo se registra en los tomadores de préstamos de montos bajos y en aquellos usuarios que financian sus gastos corrientes a través de entidades financieras no bancarias.

El salto de los deudores en "situación 5"

De acuerdo con un reporte del Instituto Argentina Grande (IAG), la cantidad de personas humanas que registran atrasos de doce meses o más en sus obligaciones —clasificados formalmente por el sistema financiero como “deudores irrecuperables”— experimentó un salto alarmante. Los puntos centrales del informe exponen la gravedad de la situación:

·Erosión en los perfiles de deuda: En marzo se contabilizaron 3.384.299 personas en la peor categoría crediticia, lo que representa un incremento interanual del 93%; es decir, hay 1,6 millones de deudores en estado crítico más que un año atrás.

·Prevalencia de la mora severa: Sobre un universo total de 20,6 millones de ciudadanos endeudados en los sistemas financiero y no financiero, el 16% se ubica en situación 5. Doce meses antes, este indicador se posicionaba en el 9%.

·Caída de pagadores a término: El análisis técnico determinó que la crisis no obedece a una incorporación masiva de nuevos tomadores de crédito, sino a un empeoramiento de la cartera existente. Paralelamente, la categoría de cumplidores (situación 1) sufrió la pérdida de 785.307 personas interanual.

Los préstamos más bajos sufren el mayor impacto

La radiografía confeccionada por el IAG revela que los focos de mayor vulnerabilidad y mora se concentran con fuerza en las obligaciones de menor cuantía, asociadas a personas que carecen de espaldas financieras para absorber las subas de la canasta básica y los servicios públicos.

El primer decil de endeudamiento, compuesto por individuos que sostienen pasivos de hasta $83.000, exhibe una tasa de morosidad del 35%. Idéntico porcentaje de incumplimiento (35%) se registra en el segundo decil, que abarca a quienes adeudan montos que van desde los $83.001 hasta los $206.000. En términos generales, para estos segmentos más afectados, el estudio concluyó de manera tajante que 3,5 de cada 10 pesos que adeudan presentan un retraso superior a los tres meses en sus respectivos pagos.

Finalmente, las alertas emitidas por los consultores privados se vieron convalidadas por las estadísticas oficiales del Banco Central de la República Argentina.

El último informe de la autoridad monetaria reportó que el índice general de irregularidad escaló al 7% en marzo, marcando un alza mensual de 0,3 puntos porcentuales. Al abrir los datos por carteras, la situación de las familias es la que empuja el promedio hacia arriba, exhibiendo un índice de mora del 11,5% tras registrar un incremento idéntico de 0,3 puntos respecto del mes previo.