Distintas organizaciones realizaron un pañuelazo frente al Hospital Público Materno Infantil de Salta, frente al hospital de Tartagal, en la puerta del Ministerio Público Fiscal, de Salta, y en la puerta de la Casa de Salta en la Ciudad de Buenos Aires.

Concentraciones en Salta y en la Ciudad de Buenos Aires convocadas por organizaciones de derechos humanos pidieron la liberación de una médica detenida esta mañana, en la ciudad de Tartagal, en el norte salteño, luego de haber sido denunciada por realizar una interrupción legal del embarazo (ILE), y esta tarde el juez de la causa ordenó su liberación.

También en Salta, en la última semana de agosto, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, concedió legitimidad al reclamo de un grupo de personas en una declaración de inconstitucionalidad planteada contra la ley de interrupción voluntario del embarazo (IVE), en un fallo por mayoría.

No obstante, fuentes oficiales explicaron a Télam que la decisión puede ser apelada hasta el próximo viernes 10 de septiembre, por lo que en este momento están trabajando en un recurso extraordinario.

Este jueves se conoció esta decisión judicial y en paralelo, se dio la situación en Tartagal que terminó con la detención de la médica, la única que no apela a la objeción de conciencia para realizar abortos legales en esa localidad.

“Estamos bastante preocupadas. Hasta el momento estábamos acostumbradas al amedrentamiento y a que la prensa local saque noticias falaces, pero llevar presa a una compañera en cumplimiento de su deber como funcionaria pública es mucho”, dijo a Télam Macarena Villena, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

En el mismo sentido se pronunció la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta: "Tememos que se trate de un modo de amedrentar y disciplinar a profesionales que se encuentran llevando adelante prácticas de ILE e IVE , amparadas por la ley en todo el país, por lo que vamos a estar haciendo un seguimiento muy cercano de la intervención judicial y del caso".

La funcionaria consideró "absolutamente irrazonable e injustificada" la detención de la médica. Durante la jornada, la Red convocó un pañuelazo que se realizó frente al Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta, para pedir por la libertad de profesional detenida.

La misma acción se concretó frente al hospital de Tartagal, en la puerta del Ministerio Público Fiscal, en la ciudad de Salta, y en la puerta de la Casa de Salta en la Ciudad de Buenos Aires.

La médica trabaja en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, que está a 365 kilómetros al norte de la capital salteña, y a la detención la requirió el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Mariscal Astigueta.

La médica intervino en una ILE en un proceso gestacional de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, el 24 de agosto pasado. A la denuncia contra la profesional la radicó una tía de la mujer.

El fiscal consideró que la profesional no se adecuó a la Ley 27610, de IVE, que dispone en su artículo 4, que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.

Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante.

Las fuentes indicaron que "a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas causales".

Pero esto fue desmentido por la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que en un comunicado aseguró que la médica detenida "ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE".

La profesional fue detenida esta mañana e imputada por la presunta comisión del delito de aborto, en una audiencia en la que fue asistida por su abogado particular, Cristian Villagran, y en la que se abstuvo de declarar.

Esta tarde, el juez ordenó la liberación inmediata de la profesional y le impuso, como medida sustitutiva mientras dure el proceso, presentarse semanalmente ante la Fiscalía Penal y la prohibición de ausentarse de la ciudad de Tartagal sin autorización previa del magistrado.

Los voceros del Ministerio Público Fiscal de Salta aseguraron que en las actuaciones consta que la médica procedió a la intervención, a pesar de que la mujer habría manifestado su arrepentimiento, según quedó plasmado en la historia clínica, donde una profesional del equipo lo dejó sentado por escrito.

Para hoy estaba prevista la declaración testimonial ante el fiscal de la mujer sometida a esta práctica, pero su representante solicitó la prórroga de la audiencia, por su estado de salud. Fueron numerosas las organizaciones que expresaron su repudio por esta detención, entre ellas la Asamblea Feminista de Salta, que destacó que la profesional "es una de las pocas que garantiza el derecho a la IVE/ILE en la provincia".

Además, repudiaron el accionar “patriarcal del Poder Judicial que no busca más que disciplinar a los profesionales que dan cumplimiento a los derechos de las mujeres y diversidades”.

Asimismo, consideraron la detención como “una clara persecución personal y direccionada hacia la profesional, quien denunció al médico Marcelo Cornejo, que haciendo uso de su profesión en el ámbito privado de Tartagal, ofrecía abortos a cambio de sexo”.

A la vez, aseguraron que uno de los impulsores de la detención es el abogado particular del médico denunciado –imputado por abuso sexual-, Rambert Ríos, y denunciaron que Poder Judicial “incurre en violencia institucional, psicológica y física ante la doctora garante de derechos”.

En tanto, el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) manifestó en un comunicado, a través de su delegación en Salta, “su preocupación y repudio" por la detención de la médica.

“Queremos resaltar que la profesional ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE”, precisó el documento del Inadi.

Luego, explicó que, a raíz de esta detención, "Tartagal se queda sin médicos que no sean objetores de conciencia, obstaculizando así el derecho de las personas gestantes del lugar a disponer de sus propios cuerpos”.

Por su parte, los organismos de la Mesa de Derechos Humanos de Salta también repudiaron “enérgicamente la detención de la profesional de la salud que venía sufriendo hostigamiento y persecución por parte de sectores anti derechos”.