Según la resolución 91/2021 podrán ser citados quienes hayan recibido una dosis de cualquiera de las vacunas, desde 14 días después de recibirla, independientemente de la edad. Quedarán excluidas las embarazadas, personas con inmunodeficiencias y pacientes oncológicos y trasplantados.

Los avances registrados en el plan de vacunación y el descenso sostenido de casos de coronavirus desde hace 13 semanas constituyen los pilares de la decisión del Gobierno nacional del regreso, a partir del próximo miércoles 1 de setiembre, de los empleados públicos a sus puestos, a lo que se suma la mayor presencialidad en las escuelas de todo el país y el anuncio de la prueba piloto del retorno, aunque aún acotado, de los espectadores a los partidos de fútbol.

Para el gobierno de Alberto Fernández, los avances en el plan de inmunización y otras políticas públicas posibilitan este retorno de las actividades de manera "responsable y cuidadosa", luego de una semana en la que el país alcanzó 50.568.620 vacunas recibidas desde el inicio del operativo de vacunación.

Según las cifras actualizadas de este sábado del Monitor Público de Vacunación, un total de 46.821.494 de dosis fueron distribuidas en todo el país y 41.408.689 ya aplicadas, de las cuales 27.703.975 corresponden a primeras dosis y 13.704.714 a segundas.

Desde el miércoles 1, unos 200 mil empleados estatales serán convocados a retomar el trabajo presencial, en las distintas reparticiones ministeriales y de organismos descentralizados de la administración pública, de los cuales un 60 por ciento estaban realizando trabajo remoto, número que ya había descendido al 40 por ciento para fines de agosto, de acuerdo con datos oficiales.

Según la resolución 91/2021 de la Jefatura de Gabinete, podrán ser citados quienes hayan recibido una dosis de cualquiera de las vacunas, desde 14 días después de recibirla, independientemente de la edad y la condición de riesgo, pero quedarán excluidas las embarazadas, las personas con inmunodeficiencias y los pacientes oncológicos y trasplantados.

"Se trata de una presencialidad programada, que arranca el 1 de septiembre, y que implica cumplir con protocolos establecidos de seguridad y de cuidado, con una relación de metros cuadrados por persona, con armado de burbujas en muchos sitios en donde la dotación nunca va a estar a pleno", explicó días atrás la secretaria de Gestión y Empleo Público de la jefatura de Gabinete, Ana Castellani.

El sector público nacional en su conjunto tiene unos 900.000 empleados, que incluye a las fuerzas armadas y de seguridad, aunque ese personal siempre estuvo en la presencialidad.

La concurrencia y el trabajo remoto se alternará semanalmente, en función de los días que defina cada autoridad en cada repartición, y se prevé un límite, ya que las tareas a distancia no podrán ser superiores al 50% de la jornada habitual dispuesta o hasta 20 horas semanales.

En cuanto a aquellos trabajadores que no quieran vacunarse, ya que la inmunización no es obligatoria, deberán firmar una declaración jurada, y trabajarán en lugares determinados de los edificios para evitar que generen un mayor riesgo de contagio para el resto. Fuentes oficiales estiman que estos empleados alcanzan una proporción "muy menor" de la plantilla.

En la provincia de Buenos Aires, donde más de 5 millones de bonaerenses ya cuentan con las dos dosis, el gobernador Axel Kicillof siguió los mismos pasos y dispuso que los empleados de esa administración que hubieran recibido al menos una dosis están en condiciones de ser convocados a realizar tareas presenciales, pasadas tres semanas desde el momento de la inmunización.

También, a partir del miércoles, se intensificará la presencialidad en las aulas de todo el país, luego de que el Consejo Federal de Educación aprobara esta semana cambios en los protocolos sanitarios que se encuentran vigentes.

"Tenemos la responsabilidad de garantizar el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa. Hoy consideramos que se puede avanzar de manera segura y proponemos este paso porque contamos con el aval de las y los especialistas del campo sanitario y epidemiológico, luego de trece semanas de mejora de los indicadores", dijo esta semana el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

En ese sentido, el funcionario explicó que los cambios "se aplicarán manteniendo y, en algunos casos, incrementando las medidas de cuidado ya que la pandemia aún no ha terminado".

Finalmente, para el mes de setiembre se espera también una prueba piloto para el retorno del público a los estadios de fútbol, la cual se hará en el encuentro que disputarán la selección Argentina y la de Bolivia el 9 de septiembre por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, en el estadio Monumental.

Los ministros de Salud, Carla Vizzotti; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, mantuvieron esta semana reuniones con representantes de la Asociación del Fútbol Argentinoa (AFA) -como su jefe médico, Donato Villani- para avanzar en el protocolo que se utilizará en la cancha y las medidas de seguridad para el regreso del público.

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades nacionales se centra en la necesidad de que la entrada del público al estadio de River Plate sea fluido y no se generen trabas por los controles sanitarios.

En virtud del cupo de espectadores autorizados para el partido con Bolivia se espera que asistan al Monumental entre 20 y 23 mil personas, lo que exige un operativo de control eficiente para evitar concentraciones.

"Será una prueba no solamente para que vuelva el fútbol, sino también para el resto de las disciplinas deportivas. Creemos que es un evento que amerita esta excepcionalidad en términos de lo que significa y nos permite hacer una evaluación de cómo se van a implementar los protocolos", adelantó Lammens esta semana.