En el marco de una severa crisis financiera y prestacional, el Gobierno nacional decretó el cierre y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La decisión se formalizó este miércoles mediante el DNU 1286/2026 en el Boletín Oficial, dando paso a la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a una reorganización profunda de sus prestaciones y de su planta de trabajadores.

La administración del proceso estará a cargo de un interventor designado por el Ministerio de Defensa. La conducción del nuevo ente determinará los perfiles requeridos para su funcionamiento, por lo que la incorporación del personal no será automática. Quienes no resulten absorbidos quedarán supeditados a revisiones administrativas según sus contratos, mientras que el personal en comisión de Gendarmería y Prefectura volverá a sus fuerzas de origen. Cumplida la liquidación, la cartera de Defensa asumirá los pasivos laborales restantes.
Un pasivo de $210.000 millones y el cierre de 30 farmacias

El reordenamiento responde a un pasivo acumulado de $210.000 millones. A comienzos de mes, la Nación anticipó el auxilio con fondos del Tesoro para negociar la cancelación de compromisos con cerca de 2.000 prestadores y proveedores del sector salud —incluyendo clínicas, farmacias, laboratorios y distribuidores de prótesis y medicamentos—, cuyos atrasos derivaron en reiterados cortes de servicio.

En este contexto de recortes, una disposición firmada por el liquidador Gonzalo Secchi ordenó el cierre definitivo de 30 farmacias propias que no pasarán a la nueva estructura, lo que genera alarma en diversas comunidades donde estos locales resultaban clave para el acceso a fármacos.

En el plano laboral, las proyecciones contemplan un achique de la nómina contractual: de los cerca de 2.450 agentes actuales, la plantilla se reduciría a unos 1.000 hacia febrero de 2027, aunque el decreto no fija una cifra definitiva para los traspasos.
Tensión gremial y reclamos por la atención de los afiliados

Mientras la naciente OSFA busca restablecer servicios mediante desembolsos parciales y nuevas rondas de negociación, persisten los reclamos por suspensiones de coberturas en varios puntos del país.

La reestructuración despertó además el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que advierte que más de un millar de familias podrían quedar sin empleo y reclama estabilidad laboral junto con la plena continuidad prestacional. Para el personal de planta permanente en disponibilidad, el decreto especifica que continuarán bajo la órbita de Defensa hasta su reubicación o desvinculación formal.

El plazo límite para culminar la liquidación administrativa y financiera se fijó para el 4 de febrero de 2027, teniendo como desafío central estabilizar la atención médica de los beneficiarios bajo una estructura significativamente más acotada.